El ex jefe del Comando Conjunto y ex titular de la cartera de Defensa, Luis Lara, explicó a Infobae los retos de quien asuma la Presidencia en mayo
Fuente: infobae.com
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En medio de la campaña electoral, aún existe incertidumbre de quién asumirá la Presidencia en mayo de 2025, ya sea Daniel Noboa o un nuevo mandatario, el general en servicio pasivo Luis Lara, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex ministro de Defensa, subrayó en entrevista con Infobae la necesidad de revisar las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.
Lara enfatizó que el próximo gobierno debe reflexionar sobre la declaratoria de conflicto armado interno, considerando sus implicaciones nacionales e internacionales. Según el general, esta medida fue tomada “más como una pieza de estrategia publicitaria en redes que como un acto serio de gobierno”, lo que afectó negativamente la imagen del país.
Lara cuestionó los resultados de la declaratoria y señaló que no ha habido avances significativos en la captura de líderes criminales o en la reducción de homicidios.
Aunque reconoció mejoras en la incautación de estupefacientes y resolución de secuestros, destacó que “el gobierno se sometió de manera voluntaria a la vigencia del derecho internacional humanitario”, lo que podría generar implicaciones legales internacionales por el tratamiento de los delincuentes como combatientes. Estas consecuencias, según el exministro, no fueron previstas adecuadamente al momento de emitir el decreto.
Militares cachean a una mujer en un recorrido de patrullaje por el sur de Quito, Ecuador(AP Foto/Dolores Ochoa)
El general también expresó su preocupación por la falta de un enfoque integral en las operaciones de seguridad. Afirmó que se mantiene el esquema de enfrentar la delincuencia mediante estados de excepción, pero que estas medidas “no aportan a una estrategia clara de seguridad”. Lara resaltó la necesidad de articular políticas con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, además de priorizar soluciones estructurales como el empleo, la educación y la mejora de servicios estatales.
En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, el exministro sugirió que se requiere una adaptación a los nuevos escenarios de seguridad. Propuso incorporar a sus funciones tradicionales el apoyo a la seguridad pública, garantizando el respeto a los derechos humanos. Además, enfatizó que es necesario un amplio debate ciudadano sobre la defensa de los intereses nacionales y las acciones en nuevos dominios estratégicos como la ciberseguridad.
De cara al próximo gobierno, Lara hizo un llamado a consolidar estrategias integrales que combinen medidas de seguridad, sociales y económicas.
Militares patrullan en vehículos blindados por las calles, en Portoviejo, Ecuador. (AP Foto/Ariel Ochoa)
La entrevista completa:
– Una vez que sepamos quién asumirá la presidencia en mayo, ya sea el actual presidente Noboa u otro candidato, usted considera que debería mantenerse el estado de conflicto armado y la misma estrategia de militarización? ¿Por qué?
Considero que el Presidente sea cual sea, debe reflexionar sobre el mantenimiento o no de la declaratoria de Conflicto Armado Interno, por todo lo que ha significado para el país y su población.
Partamos del hecho que la decisión de declarar un estado de Conflicto Armado Interno fue apresurado, concebido más como una pieza de estrategia publicitaria en redes que como un acto serio de gobierno dadas las profundas repercusiones nacionales e internacionales de la declaratoria.
El efecto inicial fue la eufórica declaratoria del gobierno y un profundo desconcierto en la población. A nivel internacional, todos los indicadores son negativos. De un país con problemas crónicos de violencia a una nación con un Conflicto Armado Interno. El efecto de imagen es absolutamente negativo.
– ¿Cuál cree que fue la principal motivación del gobierno al declarar el estado de Conflicto Armado Interno?
Al igual que con el plan Fénix, que nunca fue presentado, ni se conocieron sus características ni las acciones del Estado para enfrentar a los grupos delincuenciales armados, el decreto en su exposición de motivos entrega un confuso análisis, en algunos casos contradictorio, en el cual se alude a la crisis penitenciaria, a la presencia exacerbada del crimen organizado, al incremento de una ola de criminalidad a la que califica de amenaza terrorista, a la necesidad de “recuperar el control territorial y la soberanía”, y califica al crimen organizado como un actor no estatal beligerante.
La intención de recuperar soberanía es de por si una declaración que no corresponde con la realidad, pues en ningún momento de la historia reciente el Ecuador ha tenido “zonas o territorios liberados” del control del Estado mucho menos ha perdido soberanía respecto de actores estatales o no estatales. El control delincuencial de sectores urbanos de algunas ciudades, muchas veces temporal en ningún caso implica “pérdida de soberanía”, pues revela más bien falta de acción de la institución responsable de la seguridad de los ciudadanos: la Policía Nacional.
El ex ministro de Defensa, Luis Lara, en una fotografía de archivo. (AP Foto/Juan Diego Montenegro)
Usted menciona que la noción de pérdida de soberanía no corresponde con la realidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para la percepción ciudadana de la seguridad?
El gobierno, en su inexperiencia y precipitación, no advirtió que la declaratoria no cumplía con los requisitos establecidos en la jurisprudencia internacional y los convenios de Ginebra, que especifica que debe tratarse de un conflicto prolongado entre los actores no estatales organizados y el Estado, que debe tener unos parámetros altos de intensidad que afecten al conjunto de la población. Recordemos los casos de conflictos prolongados en el tiempo en los países vecinos. En Colombia, los subversivos organizados en verdaderos ejércitos, llegaron a controlar grandes porciones del territorio, en donde no había presencia alguna del Estado; en Perú, la situación de violencia y terrorismo afectó al conjunto de la población, en especial en las zonas controladas por el sangriento movimiento Sendero Luminoso.
Cuando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró al terrorismo como una amenaza al estado ecuatoriano, lo que implica que quienes cometan actos terroristas serán juzgados como tales, lo hizo tras un estudio profundo de la violencia en el país, en base a los informes de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el CIES. Los indicadores de criminalidad en ese momento eran similares e incluso menores a los actuales. Esa declaratoria permitía actuar de manera integral a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en base a las declaratorias de estados de excepción que incluía a ciudades y provincias específicas en las cuales la situación de inseguridad había rebasado las capacidades de la Policía nacional.
Fotografía de archivo de un miembro de las Fuerzas Armadas en una cárcel de Ecuador. EFE/ José Jácome
– ¿Ha cambiado en algo la declaratoria de estado de Conflicto Armado Interno?
No se advierten resultados muy distintos a los de los años precedentes, ni se han producido capturas de cabecillas de alto valor de las bandas criminales, ni ha bajado sustancialmente la tasa de homicidios en el país. Existen si, algunos datos respecto de mejoras en captura de estupefacientes o de resolución de secuestros.
Pero lo que no han advertido el gobierno ni los analistas es que el gobierno se sometió de manera voluntaria, a la vigencia del derecho internacional humanitario en el interior del país, al darle a los delincuentes la condición de combatientes. Las repercusiones de la declaratoria en términos de quejas en tribunales internacionales por violación a los derechos humanos, protección de los combatientes y estatus jurídico de los capturados, son algunas de las consecuencias no previstas en el decreto.
– ¿Cuáles han sido, en su experiencia, las principales debilidades y aciertos del enfoque actual de seguridad en el país? ¿Qué ajustes urgentes considera necesarios para enfrentar el incremento de la violencia y la influencia del crimen organizado?
Es imposible analizar lo que el gobierno no ha informado. ¿Cuál es el enfoque de seguridad pública del gobierno? ¿Cuál es su política de defensa? ¿De qué se trata el plan Fénix del cual ahora ya no se dice nada?
Desde la visión externa, se observa que se mantiene el esquema de enfrentar a la delincuencia mediante estados de excepción, es decir la misma propuesta del gobierno anterior, que no necesitó para ello una declaratoria de Conflicto Armado Interno pues el marco jurídico del país lo permite. Lo que si puede traer consecuencias graves es la decisión de entregar la conducción de las operaciones militares a cada una de las fuerzas de Fuerzas Armadas, lo que implica descoordinación por que no se advierte una planificación integral de las operaciones, por la desarticulación de los Comandos Operacionales y Fuerzas de Tarea que tanto éxito tuvieron en el pasado reciente en especial en Esmeraldas y Guayas.
El presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
En términos de que la violencia es estructural, una aparente mano dura constituye un alivio temporal. Y como ya lo han señalado varios analistas, se está combatiendo a las pequeñas pandillas, a los integrantes de menor rango de la delincuencia organizada. No hay un capo del narcotráfico capturado, ni una sola banda desarticulada. Antes bien, algún jefe de la mafia se fugó. Ya es hora que se presenten al país políticas claras de seguridad, articuladas con los gobiernos locales y con las organizaciones de la sociedad civil. No bastan con mensajes triunfalistas en redes sociales ni la actividad en Tik Tok de algunos funcionarios.
Y por supuesto las soluciones de fondo que el país requiere: mejorar los indicadores de empleo, incrementar la seguridad jurídica, mejorar sustancialmente los servicios del Estado, transformar la educación, por citar algunos de los temas fundamentales.
– Desde su perspectiva como ex jefe del Comando Conjunto y ex ministro de Defensa, ¿cómo evalúa la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales? ¿Qué se podría mejorar?
Ese ha sido un factor que ha influido en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia. Se hicieron avances en el pasado inmediato respecto de una coordinación imprescindible entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Se esperaba que con la declaratoria de Conflicto Armado Interno se estableciera un mando único para propiciar operaciones coordinadas e integrales de las fuerzas de seguridad. Pero de las informaciones que entrega el gobierno, se deduce más bien que esa coordinación se ha debilitado.
Si hubiese en verdad un estado de Conflicto Armado Interno, el mando único es esencial y las operaciones planificadas, integrales, con objetivos específicos y logros demostrables.
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Agentes de policía caminan delante de un vehículo militar blindado mientras participan en una operación conjunta militar y policial en el barrio Socio Vivienda, en Guayaquil. REUTERS/Santiago Arcos
– En un escenario de transición política, ¿qué riesgos podría enfrentar Ecuador si no se consolida una estrategia integral que incluya medidas sociales, económicas y de seguridad para combatir la violencia estructural?
El riesgo es muy alto. En términos militares es imprescindible que existan estrategias muy claras que son de carácter universal, permanentes y aplicables al conjunto del territorio. Las tácticas en cambio se refieren a las operaciones que deben ser planificadas… con resultados precisos y, por tanto, demostrables. Sin políticas de Estado de seguridad, no se pueden desarrollar estrategias a mediano y largo plazo y, por consiguiente, las operaciones militares y de seguridad tienen objetivos que no aportan a la gran estrategia.
Resulta urgente que el Estado, no el gobierno tenga esas políticas y las estrategias claras, que posibilitan la aplicación de tácticas que corresponden a los mandos en circunstancias y tiempos específicos.
– Considerando los desafíos que enfrenta Ecuador, como la penetración del narcotráfico y la crisis penitenciaria, ¿cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas en los próximos años? ¿Cree que se está definiendo una estrategia que garantice su eficacia sin comprometer los derechos humanos?
Es evidente que se requiere una adaptación urgente del rol de las Fuerzas Armadas a los escenarios geo estratégicos del tercer milenio. Esto implica que, a sus misiones fundamentales de la defensa del territorio y la protección de la soberanía, expresadas en la Constitución, se debe incorporar su actual función de apoyar a la seguridad pública y del Estado, es decir, proteger a los ciudadanos.
La noción de que las Fuerzas Armadas deben tener un rol significativo en la defensa de los intereses nacionales merece un amplio debate ciudadano.
Y de manera definitiva, el Estado ecuatoriano y sus Fuerzas Armadas deben incorporar políticas y estrategias para las acciones de defensa en el quinto dominio de la guerra, el dominio de la información. Podemos advertir que la noción tradicional de guerra por territorio está obsoleta y que ahora las potencias libran guerras económicas y de información. Otro escenario de conflictos es, por supuesto, el ciber espacio, del cual en el país no se habla, a pesar de su la tremenda importancia de la órbita geoestacionaria, sobre la cual habría que analizar la posibilidad de ejercer soberanía o al menos control.