La Policía defiende su accionar, pero abogados aseguran que violan la ley.
Fuente: Red Uno
Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra
El reciente retiro de vehículos mal estacionados por parte de la Policía en diversos puntos de la ciudad ha generado un fuerte debate entre las autoridades y expertos en leyes. Según la Policía, esta acción está amparada por la Constitución y el Código de Tránsito, ya que dichos vehículos alteran el orden público y representan un riesgo para la libre circulación de peatones y automóviles.
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El mayor Christian Dalence, jefe de Recaudaciones de la Policía, explicó que las normativas vigentes, como el Art. 251 de la CPE y el Código de Tránsito, facultan a la Policía a tomar medidas para conservar el orden público. Entre esas medidas, asegura, se encuentra el retiro de vehículos mal estacionados que bloquean la visibilidad, el paso de peatones o el tránsito de vehículos de emergencia.
Las sanciones para los infractores que estacionan en lugares prohibidos pueden llegar hasta los Bs. 200, y en los casos en que los vehículos generan riesgo, la Policía procede a retirarlos del lugar.
Sin embargo, el abogado penalista Samuel Durán manifiesta que la Policía está incurriendo en un error de interpretación legal. Según el abogado, el secuestro de vehículos sin una orden judicial es ilegal. Cita los artículos 166, 167, 168 y 169 del Código de Tránsito, los cuales establecen que un vehículo no puede ser retenido sin una orden previa emitida por un juez, fiscal o autoridad competente.
Durán sostiene que el secuestro de un vehículo sin la autorización correspondiente puede acarrear sanciones para los oficiales responsables, ya que esto viola el derecho a la propiedad privada y la libre locomoción. Además, asegura que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el único organismo autorizado para interpretar estas normas.
La polémica se intensificó cuando se viralizaron videos de un activista confrontando a policías mientras retiraban un vehículo. Aunque el activista defendía su postura de que el retiro era ilegal, las autoridades recordaron que el respeto a la ley y a las instituciones es fundamental para mantener el orden.
Mientras tanto, la ciudadanía se encuentra dividida, algunos apoyando las acciones policiales para mantener el orden y evitar congestiones, y otros exigiendo mayor claridad sobre los derechos y deberes de los propietarios de vehículos.
