Fuente: ANF
La Fiscalía rechazó la denuncia penal que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó contra 28 comunarios del cantón de Chiquiacá, de la reserva de Tariquia, porque no se encontraron pruebas que incriminen a los denunciados de obstaculizar el trabajo de la empresa estatal.
“Dispone el rechazo de la denuncia interpuesta de Marcos Carlos Navarro Morales en su condición de Asesora Legal de Y.P.F.B. en contra de Rodrigo Altamirano Garay, Ángel Barca Herrera, Andrés Miranda, Nelly Coca, Juan Mendoza, Crispín Mendoza, Ceferino Mendoza, Alberto Cruz, Eusebia Cruz Condori, Juana Mercado, Ángel Condori Guerrero, Elvio Mercado Girón, Barbarita Meza Valdez, Benedicta Murillo Jiménez, Carlos Bersain Guerrero Rivera, Soraya Farfán Meza, Albino Mercado, Omar Gurrian Romero, Nelly Vilte Vega, Elizabeth Estrada Choque, Fanor Hoyos Choque, Daniel Farfán Tejerina, Nelson Méndez León, Eladio Guerrero, Eliseo Mendoza, Paola Gareca, Félix Choque Vega, Mery Vilte Coca por el ilícito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y/o atentados contra la libertad de trabajo”, señala la resolución conclusiva a la que accedió la ANF.
En octubre del pasado año, la estatal petrolera presentó una denuncia contra comunarios dirigentes y pobladores del cantón de Chiquiacá de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, que se opusieron al ingreso de la estatal petrolera y la empresa Petrobras para realizar las tareas de exploración en el pozo Domo Oso X3.
La resolución fue emitida el 21 de enero del año en curso y está firmada por el fiscal del caso Beimar Farfán del municipio de Entre Ríos, del departamento de Tarija. Tras la notificación con esa determinación, la parte demandante tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar una impugnación y solicitar su revocatoria.
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Según la denuncia de YPFB, el 1 de octubre de 2024 personal de la estatal petrolera y de Petrobras se trasladaron hasta los predios Valle del Peregrino, propiedad de Sara Ann Beiler, y Oso Morro Montuoso, de la familia Camacho, donde se encuentra el pozo Domo Oso X3 para realizar un estudio de relevamiento.
Sin embargo, un grupo de “personas inescrupulosas” los amedrentaron e impidieron su ingreso a ese sector. Los funcionarios retornaron al día siguiente para intentar hacer su trabajo, pero nuevamente fueron amedrentados por los pobladores y no los dejaron avanzar, pese a que se mostró que contaban con un permiso de los propietarios de los terrenos.
Al respecto, el fiscal argumentó que no existen elementos suficientes para corroborar que los sindicados hayan incurrido en los tipos penales por los que fueron demandados, en la etapa preliminar no se logró colectar mayores indicios pese a que el Ministerio Público realizó varios actuados.
“A pesar de haber extremado esfuerzos necesarios por parte del Ministerio Público, emitiendo los requerimientos correspondientes para recabar indicios a fin de descubrir la verdad histórica de los hechos para posterior emitir una imputación, los mismos no fueron suficientes como para atribuirles una posible responsabilidad a los supuestos autores, toda vez que no existen suficientes elementos para funda una imputación en su contra”, dice una parte de la argumentación.
A la vez, el fiscal lamentó que YPFB no haya certificado que tiene un contrato suscrito con Petrobras para que realice los trabajos de exploración gasífera, además no presentó un documento que certifique que las personas supuestamente amedrentadas sean funcionarios de ambas empresas.
Un segundo elemento que fue observado por el fiscal fue la existencia de un conflicto de intereses entre los dueños de los predios donde se encuentra el pozo Oso Domo X3, además se identificó un problema de sobreposición, los cuales deben ser resueltos en las instancias correspondientes.
Marca un precedente
Al respecto, la dirigente de Chiquiacá, Nelly Coca, dijo que esa determinación marca un precedente en favor de los defensores de la reserva de Tariquia, dijo que la demanda no tenía fundamento legal ni existían elementos para que los acusen de obstaculizar el trabajo de YPFB. Recordó que ellos solo estaban defendiendo su territorio, protegiendo el medio ambiente y las fuentes de agua.
“Nosotros solo estábamos defendiendo nuestro medio ambiente, nuestro territorio, no vamos a retroceder en nuestra lucha. Esta decisión nos fortalece para seguir defendiendo nuestra casa, porque no pueden ingresar sin cumplir lo que establece la Constitución”, manifestó.