La disposición séptima del Presupuesto contra la retención, almacenamiento y encarecimiento de alimentos tiene la finalidad de garantizar alimentos a precio justo, y no afecta a los gremiales, sin embargo pueden ser partícipes de la reglamentación del tema y despejar dudas, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Fuente: ABI
“No va en contra de los gremiales, los gremiales no llevan en cantidades voluminosas y no hacen contrabando a la inversa, los gremiales importan, ¿no? Entonces, comercializan bienes importados, no aquellos que están queriendo salir fuera del país, por lo tanto, eso va a quedar claro en esas mesas de trabajo”, explicó en Bolivia Tv.
Dirigentes gremiales como Toño Siñani de El Alto convocaron a movilizaciones en contra de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025 que autoriza a entidades competentes a realizar controles y la confiscación de productos a quienes almacenen, retengan o pretendan encarecer productos de forma ilegal. Al final de 2024 hubo agio y especulación con los alimentos.
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Montenegro recordó que autoridades de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural plantearon al empresariado reglamentar esta disposición del presupuesto, “para que no haya malos entendidos, pero el objetivo es siempre preservar el bolsillo del boliviano”.
Sobre los gremiales, consideró que pueden ser parte de la reglamentación de la disposición observa e insistió que “no va en contra del sector”.
Representantes de la Central Obrera Regional (COR) y de la Federación de Gremiales de El Alto descartaron protestas y pidieron a la población no dejarse sorprender por exdirigentes y pseudo dirigentes, como Siñani y Jesús Cahuana que convocaron a protestas.
Alimentos producidos en Bolivia son desviados a países vecinos en lo que se denomina el contrabando a la inversa, por su costo. Al cierre de 2024 escaseó el arroz y aceite, lo que provocó agio y especulación.
“Queremos preservar que esa producción que es para el pueblo boliviano no se desvíe a las fronteras sino que, primeramente, satisfaga la mesa del boliviano. Creo que ningún boliviano o boliviana se va a oponer a aquello”, consideró Montenegro.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025, la cual otorga facultades al Estado para activar acciones de comiso de productos a quienes pretendan encarecer los precios, tiene el objetivo de precautelar el abastecimiento de la canasta familiar y la estabilidad de precios en beneficio de las y los bolivianos.
cc
Fuente: ABI