El ministro de Gobierno vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas, en un intento de obtener aprobación social. Del Castillo de forma personal realiza este ritual, coinciden juristas y la Defensoría del Pueblo de Bolivia
Fuente: ANF / La Paz
Los abogados Rime Choquehuanca y Jorge Quiroz coincidieron al señalar que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas, en un intento de obtener aprobación social. Del Castillo de forma personal realiza este ritual. El Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, escribió en su cuenta de X que la exhibición pública de detenidos “es una práctica retórica que sacrifica derechos humanos en aras de una falsa percepción de seguridad”.
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Choquehuanca criticó las prácticas del ministro de Gobierno, señalando que “entra al juego de la Policía, como en un estado policíaco, para, sin elementos de prueba suficiente, mostrar a las personas a la prensa y sepultarlos en su imagen y en su dignidad, a objeto de crear un rédito eminentemente de opinión pública o rédito eminentemente de aprobación pública”.
El jurista agregó que estas prácticas de persecución preventiva y policíaca “en un Estado de derecho deberían estar prohibidas”, pero el ministro Del Castillo no ha corregido su accionar pese a reiteradas denuncias, permitiendo que personas inocentes sean exhibidas sin pruebas y se violen sus derechos.
Quiroz coincidió en que la exposición pública de detenidos es una práctica abusiva y afirmó que lo que ocurre es que en el país “ya se ha hecho costumbre la presentación de las personas que son aprendidas sindicadas de cualquier tipo delictivo”, y que “esta actitud lo único que refleja es un abuso de poder de parte de los funcionarios del gobierno, quizás con el ánimo de sumar réditos políticos o de aceptación en la sociedad, lo cual definitivamente no justifica que una persona sea presentada” en un proceso de linchamiento mediático.
El abogado recordó que en ningún país del mundo se permite vulnerar el derecho a la imagen y dignidad de las personas. “Si eso no conoce un ministro, pues entonces estamos ante un gobierno que desconoce las normas y que definitivamente pone en riesgo la seguridad de las personas”, sostuvo.
Además, advirtió que “sobre la presunción de una autoridad está la ley, en un Estado de derecho se respeta la voluntad de la ley y no la voluntad de las personas, entonces, estamos lindando con un gobierno dictador, en este caso”.
El defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, señaló en su cuenta de X que la prevención del delito no debe basarse en castigos mediáticos, sino en políticas de educación, oportunidades económicas y reinserción social y “no en castigos espectaculares”.
Callizaya alertó que el uso de tácticas mediáticas para mostrar resultados en seguridad genera un impacto negativo en la confianza institucional. “Las autoridades usan tácticas mediáticas para mostrar ‘éxito’ en seguridad, generan desconfianza si los casos se desestiman por falta de pruebas”, escribió.
El abogado Choquehuanca mencionó el caso del joven Juan L., quien fue detenido sin pruebas y expuesto públicamente y luego torturado por la policía. Dijo que el caso se trató “realmente de un abuso, como si se tratara de un Estado de la edad Media, donde se aplicaba primero la fuerza y recién se investigaba quién era el culpable”.
Según Quiroz, esta práctica pone en duda el respeto al debido proceso, debido a que “muchos de los que han sido presentados ante los medios han sido absueltos en las investigaciones que se realizan en materia penal”.
Algunos ejemplos de linchamiento mediático propiciados por el ministro Del Castillo son el caso del rapto del bebé Alex, donde la enfermera y el chofer fueron acusados públicamente, y luego de meses de encarcelamiento salieron libres al hallarse a la persona que cometió el delito; también está el reciente caso de Reyna H., acusada públicamente por Del Castillo por tres delitos con argumentos falsos, para luego de unos días ser liberada por el juez.
Callizaya enfatizó que “la exhibición pública de detenidos es una práctica retórica que sacrifica derechos humanos en aras de una falsa percepción de seguridad. Un sistema penal debe basarse en evidencias, ética y respeto a las garantías fundamentales”.
Para el defensor es crucial asumir responsabilidades y corregir estas prácticas, “enmendar prácticas erróneas y avanzar hacia una real política de prevención y justicia restaurativa”.
