El orden público, entendido como la base de la convivencia pacífica, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales, es un principio esencial en cualquier Estado de derecho. Sin embargo, cuando quienes tienen el mandato de garantizarlo —como la policía— actúan de manera arbitraria, se genera una afectación directa a este pilar constitucional.
La arbitrariedad policial se manifiesta cuando las acciones de los agentes del orden carecen de sustento legal, son desproporcionadas o vulneran derechos fundamentales. Por ejemplo, el retiro injustificado de un vehículo motorizado sin mediar el debido proceso constituye no solo una infracción a la legalidad, sino también un abuso de poder que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Desde la perspectiva constitucional, este tipo de conductas contraviene principios como la legalidad (art. 1 de muchas constituciones), el respeto a la propiedad privada y la garantía del debido proceso.
En un Estado democrático, el ejercicio de la autoridad debe estar estrictamente regulado por normas que limiten cualquier exceso. El artículo 256 de la Constitución Política de Bolivia, por ejemplo, establece que los derechos fundamentales tienen primacía sobre cualquier acto de autoridad que los menoscabe. La arbitrariedad policial no solo viola este principio, sino que también socava la estabilidad social, ya que genera descontento, desconfianza y un potencial aumento de la conflictividad.
Además, el abuso de poder policial afecta la percepción colectiva del orden público. En lugar de ser un medio para garantizar la paz y la seguridad, la arbitrariedad transforma a las instituciones en agentes de incertidumbre. Esto es especialmente grave en contextos donde la policía debería actuar como garante de los derechos ciudadanos, no como su principal amenaza.
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Es imperativo que las instituciones encargadas de la seguridad pública actúen bajo estrictos estándares de transparencia, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. La capacitación continua, la supervisión independiente y la implementación de mecanismos de control ciudadano son herramientas esenciales para prevenir la arbitrariedad y fortalecer el Estado de derecho.
En conclusión, la arbitrariedad policial no solo afecta a los derechos individuales, sino que también compromete la paz social y el respeto al orden constitucional. Solo mediante un compromiso firme con la legalidad y los derechos humanos será posible restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un verdadero orden público, basado en la justicia y la igualdad.
Carlos Pol Limpias, Abogado- Doctor en Derecho Constitucional