La reciente posesión de magistrados electos el 2 de enero de 2025 en Bolivia ha generado un escenario complejo y polémico en el sistema judicial. Esta situación surge de la coexistencia de magistrados con legitimidades distintas: unos prorrogados en sus funciones mediante resoluciones constitucionales excepcionales y otros elegidos mediante el voto popular. Este contexto no sólo plantea desafíos jurídicos y políticos, sino que también amenaza la estabilidad institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órganos fundamentales para el Estado de derecho.
La coyuntura actual pone de manifiesto una problemática que algunos analistas denominan «contaminación jurídica», entendida como el impacto negativo que la actuación conjunta de magistrados con mandatos diferenciados podría tener sobre la legitimidad de las decisiones judiciales, la percepción de independencia del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
- Mandatos Diferenciados: Naturaleza y Conflicto
De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE), los magistrados tienen un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. Sin embargo, ante la imposibilidad de realizar elecciones completas en todo el territorio, resoluciones constitucionales como el Auto Constitucional 0113/2024-O y la Declaración Constitucional 049/2023 extendieron los mandatos de algunos magistrados para evitar vacíos de poder.
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En este contexto:
Magistrados prorrogados: Permanecen en funciones bajo un marco legal excepcional, pero su legitimidad es cuestionada por no haber sido renovada mediante el voto ciudadano.
Magistrados electos: Cuentan con la legitimidad directa otorgada por el voto popular, pero ahora enfrentan el reto de compartir sus funciones con colegas prorrogados.
Esta dualidad de mandatos no sólo genera tensiones internas en los órganos judiciales, sino que también expone a los tribunales al escrutinio público, debilitando la confianza en su independencia y neutralidad.
- Contaminación Jurídica: Implicancias Críticas
La coexistencia de magistrados con legitimidades diferentes genera múltiples riesgos para el sistema judicial:
2.1. Cuestionamiento de legitimidad
Las decisiones adoptadas por tribunales mixtos —integrados por magistrados prorrogados y electos— podrían ser impugnadas al considerar que los primeros carecen de un mandato legítimo. Esto podría derivar en la nulidad de actos procesales, agravando la congestión judicial y afectando la seguridad jurídica. Naturalmente, pensando en el futuro esta actuación donde participen conjuntamente resultaría contaminada y puede traer responsabilidad de varias índoles para los actores. Algo que no se puede dejar de lado.
2.2. Percepción de influencia política
La prórroga de los mandatos de ciertos magistrados ha sido interpretada por algunos analistas, como el politólogo Franklin Pareja, como una medida que favorece al Gobierno central, comprometiendo la percepción de independencia del sistema judicial. Esta percepción debilita la credibilidad de los órganos judiciales ante la ciudadanía.
2.3. Desconfianza ciudadana
La incertidumbre sobre la validez de las decisiones judiciales, así como la falta de claridad sobre las competencias de los magistrados prorrogados y electos, afecta directamente la confianza de la población en la justicia como pilar del sistema democrático.
- La Propuesta de Ley de Recomposición Judicial
Ante este panorama, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ha planteado la necesidad de aprobar una norma que permita una recomposición estructural del sistema judicial. Según Rodríguez, esta ley buscaría garantizar que sólo los magistrados electos permanezcan en funciones, mientras que las vacantes generadas por la ausencia de elecciones completas serían cubiertas por los suplentes con mayor votación o mediante nuevos procesos de selección.
“Estamos trabajando en una norma que permita recomponer el sistema judicial. Los que han sido electos deben quedarse y el resto tiene que irse. Esta nueva composición será clave para asegurar la legitimidad de las decisiones judiciales en los próximos seis años”, señaló Rodríguez.
Esta propuesta tiene el potencial de resolver el conflicto actual, estableciendo límites claros y devolviendo la credibilidad al sistema de justicia. Sin embargo, su implementación requerirá un debate profundo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y un compromiso efectivo de todos los actores involucrados.
- Recomendaciones para Evitar Conflictos
Para mitigar los riesgos de contaminación jurídica y garantizar la legitimidad de las decisiones judiciales, se proponen las siguientes medidas:
4.1. Delimitación clara de competencias
Es fundamental establecer un marco normativo que limite la actuación de los magistrados prorrogados a cuestiones estrictamente administrativas, dejando las decisiones judiciales sustantivas en manos de los magistrados electos.
4.2. Revisión de actos previos
Es necesario revisar las resoluciones adoptadas por magistrados prorrogados para garantizar que no vulneren principios constitucionales ni derechos fundamentales, preservando así la seguridad jurídica.
4.3. Implementación de la propuesta legislativa
La propuesta de Andrónico Rodríguez debe ser priorizada en la agenda legislativa, asegurando que las vacantes judiciales sean ocupadas de manera transparente y legítima. Esta reforma no sólo resolvería el conflicto actual, sino que también fortalecería la independencia judicial a largo plazo.
4.4. Fortalecimiento institucional
El Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia deben emitir lineamientos claros sobre cómo gestionar la coexistencia de magistrados con mandatos distintos, priorizando la continuidad del servicio judicial sin comprometer su legitimidad. En este caso, en el Tribunal Supremo de Justicia, el problema planteado es posible ser resuelto de mejor manera, porque de los 9 magistrados posibles, 7 son elegidos recientemente. El problema más complejo es en el caso del Tribunal Constitucional, donde de los 9 magistrados 4 son los elegidos en las últimas elecciones judiciales y 5 son los denominados autoprorrogados. En mi criterio corresponde una solución aplicando la jerarquía normativa de la Constitución y hacer posible el cese del mandato de los prorrogados y la habilitación de suplentes, conforme se establece del espíritu y alcance del Art. 197 Constitucional. Es importante recordar que en el pasado el Tribunal Constitucional por un buen tiempo funciono con solo 3 magistrados, hasta que se nombró a nuevos mediante un Decreto Supremo.
- Reflexión Final
La coexistencia de magistrados prorrogados y electos representa un desafío inédito para el sistema judicial boliviano. Este escenario no sólo pone en riesgo la validez de las decisiones judiciales, sino que también afecta la percepción de independencia y legitimidad de los órganos judiciales.
La aprobación de una ley de recomposición judicial, como la planteada por Andrónico Rodríguez, representa una oportunidad para resolver este conflicto y restaurar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política de las autoridades y de la capacidad del país para priorizar los principios constitucionales y democráticos sobre los intereses coyunturales.
Hugo Ramiro Sánchez Morales
Abogado Constitucionalista