El dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia adelantó que el 13 de enero se realizará una marcha en rechazo a la disposición incluida en el PGE, que faculta al Gobierno a activar acciones de confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos.
Fuente: Unitel
“Estamos preocupados no solamente los gremiales sino los transportistas y otros sectores”, dijo este viernes Toño Siñani, dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), al manifestar su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que entró en vigencia a través de la Ley 1613 sin haber pasado por el filtro de la Asamblea Legislativa.
La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
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Según Siñani, el Gobierno puede confiscar los productos que considere con precios elevados argumentando especulación, pero se debe tomar en cuenta que los costos se han duplicado y los comerciantes que venden del día al día se sienten muy preocupados. “Entendemos que todo está subiendo, y no es porque queramos hacer subir los gremiales o los productores sino porque el tema del dólar no ha sido solucionado por el Gobierno, que sigue mintiendo, que dice está a Bs 6,96 pero en realidad está en más Bs 12”.
Puso como ejemplo que el tema de harina, “en Bolivia no hay mucha y automáticamente traen del extranjero y traen en dólares, no traen en bolivianos” y que lo mismo pasa con el fideo y “hay varias cosas” que se importan, pero todo se paga con la moneda estadounidense por lo que “de esa manera ha subido el tema de la canasta familiar”.
La disposición séptima del PGE también señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Como respuesta a la puesta en vigencia de esta norma, los gremiales desde el El Alto han dispuesto movilizaciones y es así que anuncian una marcha a realizarse el 13 de enero que saldrá desde La Ceja alteña rumbo al centro paceño.
“El Gobierno deber retirar esta disposición. Hemos pedido a la Cámara de Diputados, que lo ha retirado, pero el Gobierno central arbitrariamente lo ha incluido y lo ha puesto en vigencia. Si el Gobierno no hace caso, iremos con las movilizaciones”, señaló Siñani.
Mientras que el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que esta disposición atenta contra el sector productivo y al sector privado en general, ya que da vía libre para que se intervengan unidades productivas.