La Ley 1613, publicada este martes 1 de enero en la Gaceta Oficial puso en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que en 60 días de plazo no pudo ser analizado por la Asamblea Legislativa.

“Habiendo transcurrido el término de 60 días, sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia a partir de su publicación”, dice la norma.

De acuerdo al numeral 11, “en caso de no ser aprobada en este plazo (de 60 días), el proyecto se dará por aprobado”.

Es el segundo año consecutivo en que el PGE es aprobado mediante ley, pues en 2024 ocurrió lo propio y por el mismo motivo.

Con 21 artículos, siete disposiciones y una disposición transitoria, el presupuesto total agregado alcanza a Bs 369.341 millones, mientras que el presupuesto consolidado suma Bs 296.566 millones. Se incrementan en 8,5% y 11,7%, respectivamente, en comparación con el PGE 2024.

Del presupuesto consolidado de gasto, de Bs 296.566 millones, el 58,8% (Bs 174.235 millones) corresponde a gastos corrientes; el 17,2% (Bs 51.046 millones) a gastos de capital y el 24,0% (Bs 71.285 millones) a uso de fondos.

Para la subvención a los carburantes, insumos y aditivos, asigna Bs 15.156 millones, y para la subvención a los alimentos un total de Bs 750 millones (trigo, Bs 383 millones; maíz Bs 268 millones y arroz, Bs 99 millones).

PGE

La norma autoriza al Ministerio de Economía a realizar operaciones de deuda pública en mercados internacionales a través de la emisión de bonos de hasta $us 3.000 millones.

Asimismo, autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a poner en garantía, sin desplazamiento, las reservas de oro que tiene el país para respaldar las operaciones de endeudamiento.

Además, mantiene la disposición séptima que autoriza a entidades competentes a realizar controles y la confiscación de productos a quienes almacenen, retengan o pretendan encarecer productos.

Este punto fue observado y criticado por varios sectores, por la que la Comisión de Planificación de Diputados; la única que analizó el PGE, lo eliminó.

El proyecto del PGE 2025 fue remitido a la Asamblea Legislativa el 30 de octubre y la nueva directiva de la Cámara de Diputados la recibió el 11 de noviembre.

La Comisión de Planificación de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones y lo remitió al pleno para su tratamiento; que no se dio debido al receso legislativo de fin de año, en un escenario similar al que se presentó en 2023, cuando el PGE 2024 entre en vigencia el 1 de enero de 2024 por fuerza de ley.

Según la ley, el PGE 2025 apunta a garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.