El Tribunal Supremo Electoral remitió en noviembre del 2024 un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que el debate electoral sea obligatorio en futuras elecciones.
[Foto referencial ] / Las elecciones presidenciales están programadas para agosto de 2024.
Fuente: Unitel
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio para que los electores voten mejor informados sobre las propuestas electorales. El documento contempla que los candidatos que no se presenten a este encuentro político no podrán acceder a los recursos económicos para propaganda política.
En el artículo 137, parágrafo IV, el documento señala que “las candidatas y candidatos que incumplan con la obligación de participar de los debates serán sancionados con la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral, previsto por el art. 73 de la Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018 de Organizaciones Políticas”.
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Al respecto, el vocal Tahuichi Tahuichi explicó a UNITEL que, el proyecto de ley tiene como finalidad obtener información sobre el programa de Gobierno de los candidatos presidenciales que se presenten para las elecciones.
“Se trata de un proyecto para que sea de carácter obligatorio para todos los partidos políticos y candidatos presidenciales hagan un debate de cara al pueblo y escuchar las propuestas de Gobierno. Tiene que tener un carácter obligatorio bajo sanción para los candidatos que no se presenten, estos no recibirían recursos para propaganda”, dijo a UNITEL.
Además, el vocal dijo que el pleno de la Asamblea Legislativa tiene un plazo hasta el 17 de mayo para aprobar la ley, vale decir, tres meses antes que se lleven adelante las elecciones generales.
El proyecto de ley busca modificar la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para que se instituya el debate electoral público y obligatorio, para la reflexión y deliberación de las propuestas programáticas de las candidatas y los candidatos a cargos públicos elegibles de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes del país.