El presidente busca fortalecer su base en el Congreso de cara a las elecciones de 2026. Las encuestas muestran un descenso constante en su aprobación, mientras su reciente problema de salud reaviva el debate sobre su edad. Se espera que la reorganización comience en febrero
Fuente: infobae.com
Se avecinan grandes cambios en el Gobierno brasileño. Desde hace días, a pesar de las fiestas, se habla de una reforma ministerial con vistas a las elecciones presidenciales de 2026, a las que Lula aspira, pero que parecen cada vez más lejanas debido a la crisis en curso. El año que acaba de comenzar promete ser complejo, sobre todo desde el punto de vista de las cuentas públicas y de la cuestión fiscal que ha visto, entre otras cosas, la caída del real y la fuga de capitales extranjeros. Una reforma ministerial es vista hasta ahora como la posible salida para un gobierno de Lula cada vez más percibido negativamente por los electores.
Las encuestas sobre la popularidad del presidente desde 2023 hasta finales de 2024 indican un descenso constante de la aprobación entre los votantes. El mismo desplome afecta también a la esposa de Lula, Rosângela da Silva, conocida como Janja, que en los dos primeros años de la presidencia de su marido intentó ocupar cada vez más espacio junto a él. Según la encuesta Quaest, la primera dama de Brasil pasó de un 41% de aprobación en febrero de 2023 a un 22% en 2024. Además, la reciente hospitalización de Lula, que sufrió una hemorragia cerebral en diciembre, ha llevado al primer plano del debate público la cuestión de su reelección, tanto por su edad -cumplirá 81 años en 2026– como por su estado de salud. De ahí el plan de reforzar la base gobernante en el Congreso para hacer avanzar la agenda de Lula, mejorando la ejecución de los programas anunciados durante la campaña electoral de 2022.
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El apoyo con el que cuenta Lula en el Congreso ha sido hasta ahora complicado, dado que la mayoría de los parlamentarios pertenecen al Centro, el llamado Centrão, y a la centroderecha bolsonarista. De ahí la necesidad en estos dos primeros años de ofrecer enmiendas, es decir, fondos sin rendir cuentas, para aprobar los proyectos afines al Ejecutivo. A pesar de esto, muchos no fueron aprobados. Por el contrario, Lula goza de un excelente apoyo del Supremo Tribunal Federal (STF), objeto de muchas críticas, incluso de la prensa extranjera, por “nepotismo y privilegios”, como ha escrito en los últimos días el diario alemán Handelsblatt.
Por eso, también de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Lula, como ya ha anunciado la prensa brasileña, quiere barajar de nuevo las cartas en el equipo de Gobierno, una operación que probablemente sólo comenzará en febrero, cuando los parlamentarios regresen de sus vacaciones. Si bien es cierto que en su tercer mandato ha optado por un gobierno con menos ministerios en manos de su PT, en los puestos clave de la gobernabilidad del país el presidente sólo ha incluido a miembros de su partido.
Hasta ahora, sin embargo, el único cambio que se da por hecho es la sustitución del actual ministro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Paulo Pimenta, por el experto en marketing político Sidônio Palmeira, lo que demuestra que el objetivo es preparar la campaña electoral de 2026. Pimenta podría ser trasladado a la Secretaría General de la Presidencia.
La reforma ministerial también podría servir para zanjar los conflictos internos que han surgido en esta primera mitad del tercer mandato de Lula, como el que enfrenta al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con el de la Casa Civil, Rui Costa, ambos del PT, que estalló por la cuestión del paquete de recortes de gastos. Mientras Haddad quiere frenar el gasto público, Costa quiere financiación para proyectos sociales y nuevas infraestructuras.
En los últimos meses también han circulado informaciones sobre la posible dimisión por motivos familiares de los ministros de Defensa, José Múcio Monteiro, y de Justicia, Ricardo Lewandowski. Un nombre que ha estado circulando para Defensa es el de Rodrigo Pacheco, del PSD, que dejará la presidencia del Senado en febrero.
No hay cambios a la vista para el Ministerio de Asuntos Exteriores; se espera que Mauro Vieira permanezca en su puesto, al igual que el asesor especial de política exterior de Lula, Celso Amorim. Las decisiones de ambos, sin embargo, podrían tener un impacto significativo en la popularidad de Lula en los próximos meses.
Lula también está tardando en nombrar a la dirección del evento climático más importante del año, la COP30, en Belém. En este contexto de tentativas de cambio, el 1 de enero tomaron posesión de sus cargos los alcaldes y concejales que ganaron las elecciones municipales de octubre pasado. Por ejemplo, el alcalde reelegido de Santa Quitéria, en el estado nororiental de Ceará, José Braga Barrozo, del Partido Socialista Brasileño (PSB), fue detenido pocas horas antes de tomar posesión del cargo por sospechas de relaciones con la facción criminal Comando Vermelho. Su hijo lo sustituyó.