Migrantes latinos están optando por la auto deportación por miedo a las políticas de Donald Trump

 

Fuente: infobae.com

Las promesas del presidente electo Donald Trump de implementar deportaciones masivas y eliminar programas de protección temporal han generado incertidumbre entre millones de migrantes en Estados Unidos. Esto ha llevado a que algunos opten por abandonar el país por voluntad propia, un fenómeno conocido como auto deportación.

Durante su campaña, Trump reiteró su intención de expulsar a millones de personas en situación irregular y desmantelar programas como el Estatuto de Protección Temporal (TPS) y la libertad condicional humanitaria, que actualmente benefician a más de 1,5 millones de migrantes.

Entre estos, unos 500.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado bajo el programa de libertad condicional implementado por la administración de Joe Biden, que otorga permisos de residencia temporal y derecho a trabajar.

La elección de Trump como presidente ha reactivado su agenda anti inmigrante, generando un clima de miedo e incertidumbre que impacta incluso a quienes poseen estatus legal temporal.

La auto deportación, un fenómeno promovido desde el primer mandato de Trump, consiste en hacer que las condiciones de vida en Estados Unidos sean tan adversas para los migrantes que estos decidan irse voluntariamente. Este enfoque permite al gobierno alcanzar sus objetivos migratorios sin incurrir en gastos significativos ni implementar acciones directas.

Tom Homan, designado como zar fronterizo de la nueva administración, respaldó esta postura advirtiendo que, de todas maneras, serán deportados: “Si queres auto deportarte, deberías hacerlo porque, nuevamente, sabemos quién sos y vamos a encontrarte”.

A pesar de las promesas de deportar a millones de migrantes, los números durante el primer mandato de Trump estuvieron lejos de cumplir esas metas. Según cifras oficiales, las deportaciones anuales no superaron las 350.000, y para 2024 solo se dispone de presupuesto para 41.500 camas en centros de detención, lo que limita las posibilidades de una campaña de deportaciones masivas a gran escala.

Expertos en migración y organizaciones de derechos humanos advierten que las amenazas de implementar políticas más estrictas generan un ambiente de miedo e incertidumbre, incluso entre quienes poseen un estatus legal temporal.

Personas con permisos temporales para vivir y trabajar enfrentan la posibilidad de que ese estatus expire pronto. Alrededor de un millón de individuos están protegidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras que otras 500.000, incluyendo a quienes provienen de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, tienen libertad condicional humanitaria otorgada como solicitantes de asilo. Sin embargo, Donald Trump ha expresado su intención de poner fin a ambos programas.

La posible eliminación de medidas como el TPS y la libertad condicional humanitaria pone en riesgo a miles de personas que han encontrado en estas políticas un alivio temporal ante situaciones adversas en sus países de origen.

Michel Bérrios, una ex líder estudiantil nicaragüense, es una de los miles de migrantes afectados por las declaraciones de Trump y su retórica anti inmigrante. A pesar de contar con un permiso de residencia temporal en Estados Unidos, Bérrios decidió abandonar el país a finales de diciembre y buscar refugio en Irlanda.

Bérrios, de 31 años, llegó a Estados Unidos en 2023 bajo el programa de libertad condicional humanitaria implementado por Joe Biden, tras huir de la persecución del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo, la atmósfera hostil hacia los migrantes creada por Trump y los comentarios anti inmigrantes en su entorno laboral la llevaron a temer por su futuro.

“Siempre existía la incertidumbre de que pudieran venir a por mí, de que pudieran llevarme a la cárcel”, dijo Bérrios el año pasado sobre las autoridades nicaragüenses. “Por eso decidí, bueno, quizá Estados Unidos pueda ayudarme a hacer un cambio para mi tranquilidad”.

“Como (Estados Unidos) no es un país tercermundista como de los que muchos venimos, pensé que aquí habría una cultura diferente, y fue un duro despertar darme cuenta de que tú y tu familia no son bienvenidos”, dijo Bérrios antes de partir.

Bérrios había estado en Estados Unidos legalmente, con casi un año restante bajo el uso sin precedentes del presidente Joe Biden de la autoridad de libertad condicional humanitaria para ciudadanos de ciertos países vulnerables. Sin embargo, las duras declaraciones durante la campaña electoral estadounidense la llenaron de angustiosos recuerdos en los que se escondía de las autoridades en su país.

En Nicaragua, “pasé cinco años escondiéndome. Tuve que cambiar mi rutina. Tuve que cambiar mi vida por completo. Dejé de visitar a mis padres, a mis amigos”, dijo Bérrios sobre la represión del dictador Daniel Ortega contra la disidencia. Con el regreso de Trump al poder, “esa incertidumbre ha vuelto”.

Al llegar al aeropuerto de Dublín, Bérrios entregó su pasaporte a un funcionario de inmigración y manifestó su intención de solicitar protección humanitaria. Tras ser interrogada sobre el nombre del presidente de Irlanda, pregunta que respondió correctamente, se le tomaron una foto y las huellas dactilares.

Al día siguiente, recibió una tarjeta de identificación emitida por el gobierno, válida por un año. Actualmente, comparte habitación con mujeres de Somalia, Egipto y Pakistán en un hotel cercano, donde el alojamiento es costeado por el gobierno. Los residentes pueden entrar y salir libremente.

La tramitación de los casos de asilo en Irlanda es más ágil que en Estados Unidos, y el país no ha experimentado la dura represión contra solicitantes de asilo que se ha registrado en otros lugares de Europa.

Mientras espera su permiso de trabajo, Bérrios tiene la intención de matricularse en una escuela. En un plazo de ocho o nueve meses, se llevará a cabo una entrevista en profundidad sobre su caso, seguida de una decisión respecto a su solicitud de asilo. Si el proceso se desarrolla favorablemente, podría obtener la residencia permanente en aproximadamente un año.