Misiles chinos: Histórico fallo confirma pago de más de $us tres millones al Estado boliviano informó el procurador General


El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola informó hoy, que en el caso “Misiles Chinos”, el Tribunal de Alzada confirmó, mediante el Auto de Vista emitido el 23 de enero de 2025, la Resolución Nº 150/2024, que ordena a ocho exautoridades bolivianas el pago de $us 3.005.280 por concepto de reparación civil al Estado.

Fuente: (UCRP/PGE)

“Este fallo, enmarcado en el emblemático caso conocido como “Misiles Chinos”, representa un hito en la lucha por la justicia y la protección de los intereses del país. Con la ratificación de la Sala Penal de los ahora sentenciados, en una segunda instancia, deben realizar el pago de esos más de tres millones de dólares al erario nacional”, dijo el Procurador.



Cabe recordar, que el caso se originó por la entrega irregular de 36 misiles de fabricación china, propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, en octubre de 2005, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados al país del norte y sean desactivados. Este hecho, considerado una vulneración a la soberanía nacional, comprometió seriamente la seguridad del Estado y generó un daño económico y moral al país.

La investigación y el juicio de responsabilidades, que concluyó con la Sentencia 001/2015 del 23 de noviembre de 2015, determinó la culpabilidad de las siguientes personas: Ciro Alejandro Valdivia Murguía, Marcelo Eulogio Antezana Ruiz, Marco Antonio Vásquez Ortiz, Víctor Hugo Cuéllar Balcázar, David René Torricos Vargas, Wilbert Sánchez Sánchez, Gonzalo Elías Méndez Gutiérrez y Marco Antonio Justiniano Escalante.

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Estas exautoridades fueron halladas responsables de cometer los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, entre otros. Ahora, el Tribunal de Alzada ha ratificado su obligación de pagar al Estado boliviano por los daños causados.

La Procuraduría General del Estado, lideró este proceso como Institución de Creación Constitucional encargada de la defensa de los intereses del Estado. Gracias a una estrategia jurídica sólida y al trabajo coordinado con el Ministerio Público, se logró garantizar que los responsables de este hecho rindan cuentas por sus actos.


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