Los parques naturales se encuentran en una situación de desprotección y constante amenaza por la actividad minera ilegal, la toma de tierras, los incendios forestales y por la presencia de cazadores de animales silvestres, denuncia la senadora Cecilia Requena
Avasallamiento de tierras, minería ilegal, tráfico y cacería de animales silvestres, tala ilegal y narcotráfico son las principales actividades que amenazan la conservación de las áreas protegidas en Bolivia, denunciaron ambientalistas y autoridades nacionales.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) y presidenta de la Comisión Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Cecilia Requena, señaló que los parques naturales se encuentran en una situación de desprotección y constante amenaza por la actividad minera ilegal, la toma de tierras, los incendios forestales y por la presencia de cazadores de animales silvestres.
Requena alertó que la situación de vulneración de los parques se agravará porque desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se determinó el retiro de cuatro jefes y directores de zonas protegidas de gran trayectoria en la defensa del medio ambiente.
Complicidad
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Requena lamentó la complicidad “de los alcaldes, gobernadores, Policía y de las Fuerzas Armadas que ven cotidianamente cómo la caza furtiva o la minería ilegal afecta a las áreas protegidas”.
La senadora se refirió a una última denuncia del ahora exjefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni (EBB), Marcos Uzquiano, sobre la presencia de una organización internacional en Bolivia dedicada a la caza furtiva a través de safaris bajo la fachada de “tours de caza”.
Sobre el tema, Uzquiano señaló que si bien la red operaba principalmente en Argentina, también se identificó territorio boliviano donde se realizaban los safaris para cazar jaguares.
La denuncia fue presentada en San Matías con el respaldo de fotografías y de escuchas telefónicas que se consideran información confidencial, aseguró Uzquiano. A las pocas semanas de su denuncia, el guardaparques fue desvinculado de su cargo.
Ya en 2018 se había denunciado la presencia en Bolivia de una mafia que está incentivando la matanza de jaguares y de un creciente mercado chino de tráfico de los colmillos.
Los Tiempos intentó comunicarse con el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, y con el director del Sernap, Johnson Jiménez, para abordar las denuncias, pero no respondieron.
Narcotráfico
Requena también se refirió a la actividad del narcotráfico en zonas protegidas como el Parque Carrasco y otros. “En el norte paceño, se conecta el narcotráfico con el mercado del oro a través del lavado de dinero”, sostuvo.
La senadora habló de redes criminales y rutas del narcotráfico, muchas de ellas en áreas protegidas como los parques San Matías, Noel Kempff Mercado, Otuquis, Carrasco, Amboró y el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) entre otros.
Uzquiano señaló que hay intereses económicos importantes detrás de las actividades ilegales en las áreas protegidas como las relacionadas con la tala y la minería ilegal. En el Parque San Matías, por ejemplo, una de las regiones más afectadas por los incendios forestales en 2024, denunciaron la apertura de un camino de 25 kilómetros para facilitar la explotación minera ilegal; también denunciaron que en el río Madre de Dios, en el Manuripi, ingresaron dragas y otra maquinaria pesada para la extracción minera.
Mercurio
Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), señaló que la actividad de la minería ilegal tiene como consecuencia el uso del mercurio para explotar oro que sigue en aumento en los ríos amazónicos de Bolivia y daña la salud de los indígenas.
Señaló que ahora existen grupos vecinales que se sumaron a la extracción de oro en algunas poblaciones, dejando a un lado a las cooperativas auríferas y provocando conflictos en zonas tradicionales del oro.
“El avance de la minería del oro y el uso del mercurio no ha disminuido. Si bien las cifras oficiales muestran una disminución de la exportación e importación de estos metales, la práctica y denuncias periodísticas muestran que esta actividad se ha intensificado y, por ende, sus impactos”, sostuvo.
DESPIDOS Y RECLAMOS
Despidos
Cuatro directores y jefes de áreas protegidas y reservas naturales fueron despedidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) a fines de 2024. El rechazo fue generalizado por tratarse de defensores del medioambiente.
Vulnerable
La senadora Cecilia Requena expresó su preocupación porque se agrava la vulneración de las áreas protegidas con el despido del personal del Sernap. Se hará llegar a las autoridades una petición de informe.
OPINIONES
“Nosotros pediremos un informe al Ministro de Medio Ambiente sobre la situación de las áreas protegidas del país y su conservación”. Cecilia Requena, Senadora
“Preocupa de la desinstitucionalización de entidades llamadas a la defensa del medioambiente, de su vida silvestre y los pueblos indígenas”, Marcos Uzquiano, Defensor ambiental