Desde 2013, el Ministerio Público ha registrado 1.184 feminicidios, pero solo 349 de ellos han concluido con una sentencia
Sentencias por el delito de feminicidio en Bolivia.Fuente: https://correodelsur.com
Desde la promulgación de la Ley 348 en 2013, destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, hasta el cierre de 2024, el panorama judicial boliviano en casos de feminicidio sigue siendo desolador. El Ministerio Público ha registrado 1.184 feminicidios, pero solo 349 de ellos han concluido con una sentencia, dejando 799 casos en un limbo judicial. Esto equivale a que apenas 1 de cada 4 feminicidios encuentra justicia, una realidad que pone en entredicho la eficacia del sistema penal.
La activista Virginia Quispe, de la organización Sinchi Warmis de Sucre, señala que las sentencias a través de procesos abreviados suelen lograrse cuando los feminicidas se declaran culpables o en casos de feminicidio seguido de suicidio del agresor. “Cuando el agresor no se declara culpable, el proceso se convierte en un calvario para las familias: un entramado de bufetes de abogados, tribunales y una burocracia que puede durar más de cuatro años,” lamenta Quispe. Además, los hijos de las víctimas suelen ser los más perjudicados, enfrentando una situación de desamparo.
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El abogado penalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, califica la situación como “un reflejo del desastre del sistema penal boliviano”. Según Yáñez, “la mayoría de las sentencias se logra por procedimiento abreviado, porque los agresores admiten el hecho, lo que evidencia la falta de una justicia efectiva.” Además, subraya la ausencia de equidad y garantías para un debido proceso.
Los datos históricos refuerzan esta crítica. En 2013, de 26 feminicidios registrados, solo 1 caso obtuvo sentencia. En 2024, año con 84 feminicidios reportados, solo se lograron 27 sentencias. La tendencia muestra un sistema incapaz de responder a la magnitud de la violencia de género en el país.
Una deuda también con los huérfanos del feminicidio
A esta crisis se suma el abandono de los niños y niñas que quedan huérfanos debido a los feminicidios. Desde 2023, más de 1.000 menores se han visto afectados por la muerte de sus madres, con padres en prisión o que también han fallecido. Muchos de estos niños terminan en situaciones de vulnerabilidad extrema, sin que el Estado tenga un registro claro de su paradero.
Aunque algunos parlamentarios y el Defensor del Pueblo han promovido una ley para proteger a los huérfanos del feminicidio, la medida sigue sin concretarse. La iniciativa incluye beneficios como apoyo económico, asistencia alimentaria y descuentos, pero su aplicación sigue siendo incierta. “El Estado ha perdido el rastro de muchos de estos niños, que pueden estar en hogares de acogida, con familias ampliadas o incluso en las calles,” advierten expertos.
Un cambio urgente
La situación de los feminicidios y sus secuelas pone en evidencia la necesidad de una reforma estructural en el sistema penal y un mayor compromiso del Estado para garantizar justicia y protección a las víctimas y sus familias. Sin acciones contundentes, la deuda con las mujeres y niños de Bolivia seguirá creciendo.