Durante la audiencia, la falta de pruebas contundentes llevó a la juez a cuestionar la participación del Subalcalde en el delito, lo que motivó al Ministerio Público a presentar un recurso de apelación.
Fuente: AMUN
El Ministerio Público apeló la decisión del Juez cautelar que otorgó el beneficio de la libertad plena a Gonzalo González; sin embargo, el fiscal asignado al caso no se presentó a la audiencia de apelación que se desarrolló este lunes.
El Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó la resolución cautelar que permite al subalcalde de Cotahuma, Gonzalo González, defenderse en libertad durante el proceso de investigación relacionado con el deslizamiento de tierra ocurrido el 23 de noviembre, que dejó 40 viviendas afectadas y resultó en la trágica muerte de una niña.
Gonzalo González fue detenido previamente y sometido a una audiencia de medidas cautelares, donde la juez de garantías observó la falta de fundamentos en la imputación presentada por el Ministerio Público, que acusaba al Subalcalde de lesiones graves y leves.
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Durante la audiencia, la falta de pruebas contundentes llevó a la juez a cuestionar la participación del Subalcalde en el delito, lo que motivó al Ministerio Público a presentar un recurso de apelación.
El desarrollo de este recurso se llevó a cabo la mañana de este lunes; sin embargo, el Ministerio Público no se presentó, lo que llevó al vocal encargado a ratificar la resolución cautelar. “Se ha cumplido con este procedimiento y continuaremos con la defensa dentro de la investigación”, comentó la directora Municipal de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales.
Morales también informó que —en el caso en que también está involucrado el alcalde municipal, Iván Arias Durán— la Fiscalía amplió la demanda contra otros funcionarios de la Alcaldía paceña, que aún no fueron convocados a declarar.
Dentro de la misma investigación, la semana pasada se conoció extraoficialmente sobre la resolución de imputación emitida por el Ministerio Público, contra Luis Iturralde, dueño de la empresa Kantutani, información que fue confirmada oficialmente por el Fiscal Departamental este lunes en una conferencia de prensa.
La Alcaldía solicitó, de manera reiterada, acciones contra esta empresa, argumentando que es responsable del movimiento en masa que ocasionó la tragedia del 23 de noviembre, afectando gravemente a los vecinos de la zona.
Además, la Alcaldía, dijo Morales, insistió en que el Ministerio Público debe pronunciarse sobre la denuncia que presentaron el mismo día en que se inició la investigación de oficio. A pesar de haber transcurrido más de 40 días de indagaciones, la situación de los denunciantes aún no ha sido definida.