La tarde de este lunes, representantes de los diferentes sectores productivos y de la cadena de producción, como gremialistas y transporte, se reúnen en Santa Cruz para concretar las determinaciones en rechazo a la disposición séptima del PGE.
Los representantes de los sectores productivos, gremialistas, transporte y otros se encuentran reunidos la tarde de este lunes en la capital cruceña para determinar las acciones que tomarán en contra de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, consideró que el gobierno de Luis Arce plantea una disposición que va en contra de la propiedad de privada y señaló que los gobernantes deben realizar controles en las fronteras.
“Siempre hemos estado avasallados, y con títulos de propiedad nuestras propiedades han sido avasalladas”, indicó Farah recordando las denuncias de tomas ilegales de tierra.
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Farah consideró que la reunión multisectorial debe analizar las determinaciones para defender la propiedad privada, fuentes de trabajo y producción de alimento.
“Debemos estar unidos toda esta cadena de abastecimiento por el bien de los 12 millones de bolivianos (que habitan el país)”, indicó.
Durante su intervención en la reunión, el presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), Jorge Méndez, consideró que la norma les da “trato de delincuentes” y manifestó que la misma debe ser derogada.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 establece que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información” en calidad de “declaración jurada” sobre la “producción, transformación y comercialización”.
Así se lee en la disposición adicional séptima cuyo parágrafo primero establece en primera instancia que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.