La presentación pública de personas acusadas de delitos sin una sentencia firme es una práctica recurrente en Bolivia. Según el abogado Eusebio Vera, esta situación persistirá mientras no haya denuncias formales que cuestionen la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
Fuente: ANF
La Paz.- La presentación pública de personas acusadas de delitos sin una sentencia firme es una práctica recurrente en Bolivia. Según el abogado Eusebio Vera, esta situación persistirá mientras no haya denuncias formales que cuestionen la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
“Mientras alguien no presente una denuncia por vulneración a derechos y garantías constitucionales, yo estimo que va a seguir esa mala práctica de las autoridades, ya sea del Ministerio de Gobierno o de la Policía boliviana, va a seguir esa mala práctica”, sostuvo Vera en declaraciones a ANF.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El abogado recalcó que esta situación no debería ocurrir en un Estado de derecho, pero lamentablemente se ha convertido en una acción frecuente en el país. “No debería ocurrir, no debería suceder, pero lamentablemente en nuestro país está siendo recurrente esta situación”, agregó.
Según Vera, una de las vías para combatir esta práctica es la intervención de organismos de derechos humanos. En este sentido, mencionó que la Defensoría del Pueblo ha tomado cartas en el asunto.
Una Resolución Defensorial sobre la protección de la dignidad, la honra y la imagen ante la exhibición de las personas aprehendidas en medios de comunicación y sobre el respeto del derecho a la presunción de inocencia, demanda al Ministerio de Gobierno que instruya retirar las publicaciones de las exhibiciones, exposiciones y presentaciones de personas aprehendidas y detenidas que se encuentran publicadas en sus páginas oficiales y redes sociales de viceministerios y de la Policía, a fin de cesar en la vulneración a los derechos de las personas involucradas.
Que el ministerio prohíba que autoridades y servidores públicos del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Régimen Interior y Policía y la Policía Boliviana exhiban, expongan y presenten a personas aprehendidas o detenidas en medios de comunicación, redes sociales y en páginas oficiales.
Realizar capacitaciones dirigidas al personal del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía Boliviana sobre el alcance del derecho a la dignidad, honra, reputación y el principio de inocencia en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos señalados en la Resolución Defensorial.
Asimismo, Vera destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría conocer estas resoluciones y, en consecuencia, proceder con las denuncias correspondientes contra quienes hayan incurrido en estas vulneraciones.
“La Comisión Interamericana va a tener conocimiento de esta resolución y es ahí cuando sí podemos aprovechar esa circunstancia para también hacer llegar la denuncia correspondiente a ese nivel de la Comisión, en contra de todo aquel ciudadano o autoridad que haya infringido y vulnerado derechos y garantías constitucionales”, aseguró el jurista.
Vera también señaló que estas prácticas no se limitan a las autoridades gubernamentales, sino que también tienen lugar en las redes sociales. En estos espacios digitales, la difusión de imágenes y datos personales de personas acusadas sin sentencia se ha vuelto una constante.
“Pero no solamente se aboca a ello, en las redes sociales sucede lo mismo”, subrayó y alertó sobre el impacto de la exposición mediática y virtual en la vida de los ciudadanos involucrados en procesos judiciales.
El abogado enfatizó la importancia de que las víctimas de estas vulneraciones busquen respaldo en instancias nacionales e internacionales. Según él, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia es uno de los factores que perpetúan estas prácticas.
Vera reiteró que, sin la existencia de denuncias formales, esta situación seguirá ocurriendo en Bolivia. Insistió en la necesidad de generar conciencia sobre el impacto de estas prácticas y la urgencia de adoptar medidas legales para erradicarlas.
/ANF/