El diputado de Comunidad Ciudanana (CC), George Komadina, aseguró que las autoridades autoprorrogadas deberían renunciar en cuanto el presidente Arce posesione este jueves a las autoridades electas.

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“Hay una corporación judicial-gubernativa…  y amenaza con la institucionalidad democrática, amenaza la transparencia y la imparcialidad de las elecciones 2025. Lo que tienen que hacer estos señores es renunciar de inmediato a sus cargos, algún momento lo harán, entonces serán sujetos de juicios y de procesos por usurpación de poder”, aseguró Komadina en contacto con los medios de comunicación.

Habló además de opciones para devolverle la institucionalidad a la justicia, entre las que están modificar la Ley del TCP para reducir el número de vocales, o que los suplentes ocupen el lugar de los autoprorrogados.

Para el abogado constitucionalista, Israel Quino, una Acción de Defensa podría poner fin al “autoprorroguismo judicial”, y que los nuevos magistrados podrían cesarlos mediante una Sentencia Constitucional.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé llamó a las autoridades electas, al Fiscal General Roger Mariaca y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a “restablecer la legalidad del Órgano Judicial”. Y calificó esta Sentencia del 11 de diciembre como una “inadmisible provocación de los autoprorrogados”.

El pasado martes se conoció la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, sin embargo, la fecha de esta decisión sería del 11 de diciembre, cuatro días antes de las elecciones judiciales parciales, en las que se eligieron a 19 de las 26 autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La parcialización de las elecciones se debió a una decisión de la Sala Cuarta del TCP, a la cabeza de Gonzalo Hurtado e Iván Espada, que posteriormente tuvo el apoyo de otros tres magistrados para finalmente emitir la Sentencia Constitucional 0770/2024 que declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados del TCP en cinco departamentos, y del Tribunal Supremo de Justicia, en dos.

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