Quizás es la única ley que está vigente y siempre en constante polémica. Este 2025 cumplirá nada menos que un siglo de historia y de estar presente en el noble oficio del periodismo. Es la Ley de Imprenta que cumplirá cien años de plena vigencia, siempre en el centro de las batallas, fue promulgada el 19 de enero de 1925 por el presidente constitucional de Bolivia, Bautista Saavedra. Y desde hace un siglo la premisa constitucional y que ampara el derecho de los periodistas se ha venido repitiendo de forma clara y contundente.
Saavedra en el Art. 2 de la promulgación del DS decía: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.
Y después de cien años, ese concepto se repite con sus matices: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, Art. 107, Constitución Política del Estado Plurinacional.
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La Ley de Imprenta con sus cien años ha sido y es el instrumento que orienta y sirve de soporte y de protección al periodismo boliviano. Su vigencia se debe a tres principios fundamentales que hacen y son la esencia y motor del oficio periodístico, aportando a consolidar a todo sistema democrático:
- a)Constitucionaliza la libertad de prensa, como derecho que tienen los periodistas para informar y ser los vehículos de la información y de ese otro derecho que tiene cualquier otro ciudadano, como la libertad de expresión.
- b)Se instituye el secreto profesional, que de acuerdo con la Ley de Imprenta en su artículo 8, dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo, acá en Bolivia como en muchos países.
- c)Se crean los tribunales de imprenta, para el procesamiento de los periodistas. Porque el periodista cuando hace su trabajo se puede equivocar, manipular, tergiversar, mentir y afectar a la dignidad de las personas, y para ello se instituyeron los tribunales de imprenta, aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos judiciales por la justicia ordinaria a periodistas y directores de medios de comunicación.
La Ley de Imprenta ha sido un fuerte dolor de cabeza en todo gobierno de turno. En los últimos tiempos, usando a los fiscales y jueces, el poder ha presionado para que algunos periodistas rebelen sus fuentes de información luego de publicar algún reportaje de investigación. Lamentablemente, los operadores de justicia se vienen prestando a este juego sucio del poder, a pesar de que ellos conocen los alcances de la Ley de Imprenta y los mecanismos que deber ser usados para procesar a algún periodista denunciado. Los fiscales y jueces, que, con ignorancia y complicidad, quieren obligar a los periodistas a develar sus fuentes informativas, cuando éstos informan sobre un hecho de corrupción, irregular, narcotráfico u otro en el que estén comprometidos gente del poder.
La gente debe entender más que un derecho para los trabajadores de la prensa la Ley de Imprenta y sus pilares le permite recibir información, estar en alerta en los casos de corrupción, ser orientado y coadyuvar a fiscalizar el gobierno de turno. La Ley de Imprenta es una garantía democrática para el trabajo de los periodistas, cuya misión es servir al pueblo apegado a la verdad.
¿Por qué es importante el secreto de materia de imprenta para el ejercicio del periodismo?
Para investigar al poder y a sus representantes en el ejercicio de sus funciones públicas, en casos comprometidos con la ilegalidad, la corrupción, los nexos ilícitos con el contrabando, narcotráfico o especuladores.
Para denunciar, previa comprobación de los elementos, a todo funcionario público que cometa actos dolosos y de corrupción.
Para preservar los recursos naturales de la Madre Tierra, que vienen siendo destruyendo a nombre del desarrollo, cuyos contratos se mantienen en secreto, como el de la explotación del oro en Madidi y otras regiones.
Para coadyuvar al buen ejercicio de la función pública del Presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios, jueces, fiscales, policías, gobernadores, alcaldes y concejales.
Para cualificar el nivel del periodismo en Bolivia, que debe retomar la ruta de investigar al poder.
Para dar garantías al periodista que investiga, que indaga, que compruebe las denuncias y las pueda difundir, sin sufrir procesos ni cárceles ni multas.
Para garantizar al ciudadano su derecho a la información, a la opinión y a que conozca el destino de los recursos económicos del Estado.
Para los que ejercen el poder no mientan al pueblo, ni engañen con discursos demagógicos y acciones totalitarias.
Para que la justicia sea un derecho humano y no una guillotina de venganza o de odio.
Para que no exista impunidad en ninguna esfera del poder.
Para fortalecer la democracia y el ejercicio de los derechos humanos en el Estado Plurinacional.
Esta es la fortaleza del secreto profesional en prensa.
Más allá de la importancia de esta ley, las organizaciones profesionales y sindicales de la prensa, deben estar en alerta y ponerse en movimiento para hacer funcionar los tribunales de imprenta, porque en un año electoral y violento, nada raro que lluevan las denuncias y procesos contra los periodistas. De modo, que señores dirigentes a despertar para defender a la Ley de Imprenta y a los periodistas.
Cien años de la Ley de Imprenta, todo un siglo que acompañó el ejercicio periodístico y se la debe preservar y utilizar para profundizar un mejor periodismo en Bolivia.