Afirman que todos los obstáculos que se presentaron durante el proceso de organización de los comicios judiciales, pudieron haberse evitado si el Parlamento procedía con la incorporación de los vocales del TSE a la Ley 044. Ven responsabilidad en la ALP por la mutilación de los comicios judiciales y por haber actuado en supuesta complicidad con el TCP para someter al Órgano Electoral. En mayo de 2024, el TSE presentó un proyecto de ley a la ALP solicitando modificar la Ley 044, la Ley 018 del OEP y la Ley 026 del Régimen Electoral, dicha iniciativa fue postergada sin explicación, a pesar de tratarse de una garantía para la ejecución de procesos electorales.
Fuente: El Diario
Recordando que las elecciones judiciales tuvieron que sortear 72 recursos de amparo destinados a frenar su realización, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, apuntó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por haber sido “cómplice” del Tribunal Constitucional en la obstaculización de este proceso, al no incluir a los vocales del Órgano Electoral en la ley de juicio de responsabilidades.
Tras el acto de informe de rendición pública de cuentas de la gestión 2024 e inauguración del año electoral 2025, Tahuichi expresó duros cuestionamientos al papel desempeñado por la ALP para garantizar la realización de los comicios judiciales de forma integral.
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Según el vocal, todos los obstáculos que se presentaron durante el proceso de organización de los comicios judiciales, hasta su realización parcial el mes de diciembre de 2024, pudieron haberse evitado si el Parlamento procedía con la incorporación de los vocales del TSE a la Ley 044.
“Con 72 amparos se ha tratado de frenar la elección judicial y los hemos sorteado terminando con una elección parcial de nuevas autoridades judiciales. Esto jamás hubiera ocurrido si los vocales hubiéramos estado incluidos en esta ley”, dijo.
En ese sentido, Tahuichi responsabilizó a la ALP por la mutilación de los comicios judiciales y por haber actuado en supuesta complicidad con el TCP para someter al Órgano Electoral.
“La ALP es cómplice de esta elección judicial parcial, lo digo de frente, a los asambleístas, Senadores y Diputados. Son ustedes cómplices y que les de vergüenza porque nos han llevado a que el Órgano Electoral esté sometido al Tribunal Constitucional Plrurinacional (TCP)”, sostuvo.
Asimismo, recordando que en mayo del 2024 desde el TSE se había presentado ante la ALP un proyecto de ley para la incorporación de los vocales de su Sala Plena a la Ley 044, reprochó que en dicha oportunidad no se haya tomado en cuenta esta solicitud, postergándola sin explicación alguna, sin tomar en cuenta que solo de esta forma se protegía el trabajo del TSE para llevar adelante una elección de nuevas autoridades judiciales, sin ningún tipo de contratiempo ni fragmentación del proceso. “Fue un proyecto que ya estaba hecho y no les importó”, agregó la autoridad electoral.
El 16 de mayo de 2024, los vocales del TSE presentaron un Proyecto de Ley a la ALP en el que se solicita modificar la Ley 044 “para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de la vicepresidenta o vicepresidente de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público; la Ley 018 del OEP; y la Ley 026 del Régimen Electoral”.
Dicha iniciativa planteaba que los vocales del TSE tengan el beneficio de ser procesados en un juicio de responsabilidades, si se diera el caso, y no a través de un proceso ordinario, como también sucede con el Presidente y Vicepresidente del Estado, además de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y otras altas autoridades del Estado.
Tahuichi además reprochó que durante el “segundo encuentro por la democracia” convocado por el TSE, todos los asistentes se hayan respaldado y hasta aplaudido este pedido, compromiso firmado por Andrónico Rodríguez, Omar Yujra y David Choquehuanca, entre otros, posteriormente incumplido, situación que perjudicó la realización de las elecciones judiciales y pone en riesgo los próximos comicios generales.
“Ellos fueron cómplices, y ahora, si sucede cualquier cosa, en las elecciones generales otra vez serán cómplices. La única garantía para que los comicios presidenciales terminen en buen puerto y se respete la autonomía y la independencia del Órgano Electoral es que sus vocales sean incluidos en esta normativa”, concluyó.
Recientemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, explicó que se trabaja en el análisis técnico y jurídico del pedido de los vocales del TSE para ser incorporados en la Ley 044, puntualizando que en el acuerdo firmado tras el “segundo encuentro por la democracia” no se fijó ningún tipo de plazo para dicha tarea.
“No tenemos ningún problema en el análisis del proyecto de ley. Con una de las comisiones respectivas se hará el tratamiento, pero esto va a tener su análisis técnico y jurídico correspondiente para poder incorporarlos”, declaró el titular de Diputados.
Anteriormente, durante el acto de entrega de credenciales a las nuevas autoridades de justicia, electas en las elecciones del pasado 15 de diciembre, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, rechazó las críticas dirigidas al Órgano Electoral por la realización de unas elecciones judiciales parciales, cuando es de conocimiento general que desde la ALP no se asumió una posición firme respecto a las acciones del TCP, ni la voluntad para respaldar iniciativas para resolver conflictos.
“Lo único que hemos escuchado todo este tiempo han sido cuestionamientos al TSE por no haber desconocido o rechazado la sentencia constitucional 770/24. Nadie en este país escuchó un pronunciamiento firme de la Asamblea respecto a esa sentencia (…), el apoyo que se dio a este Tribunal en el Segundo Encuentro Multipartidario por la Democracia, en la palabra del presidente de una de las Cámaras, fue simplemente moral, ese apoyo no sirvió para nada”, dijo.
En ese sentido, lamentó que se haya pretendido, y aún se pretenda, que el Tribunal Electoral sea exclusivamente la instancia que cargue con todas las consecuencias penales y económicas de no acatar un fallo judicial y la Constitución.
Fuente: El Diario