La autoridad pidió a los gremiales no dejarse manipular por los dirigentes que tienen fines políticos.
Luego de recibir un nuevo plazo de 72 horas para eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el control y decomiso de productos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a estos pedidos como irresponsables e inviables.
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«Algunos dirigentes están buscando protagonismo político al estilo Camacho (Luis Fernando), con cartitas y plazos que son irresponsables e inviables. Dar 72 horas para derogar o abrogar una ley refleja desconocimiento total de las competencias del Ejecutivo y es una burda politiquería con temas que son fundamentales para la economía de la población boliviana», protestó la autoridad.
Disposición
Productores, transportistas, industriales, empresarios, exportadores, comerciantes y gremiales piden la derogación de la norma, debido a que consideran que vulnera una serie de derechos constitucionales y afectará a la producción nacional.
En Santa Cruz le dieron un plazo al Gobierno hasta el 28 de enero para eliminar la disposición confiscatoria; mientras que, en La Paz, los gremiales y la Central de Trabajadores de Bolivia (CBT) establecieron el lunes 20 como fecha máxima para que la ley desaparezca del PGE. Caso contrario, iniciarán movilizaciones y medidas de presión.
Por ello, el viceministro Silva recalcó que estas medidas no son viables y, sobre todo, reflejan un claro trasfondo político en sus advertencias. En ese sentido, hizo un llamado para no dejarse manipular con ese tipo de declaraciones.
«Es inaceptable que algunos dirigentes, en lugar de defender los intereses reales de su sector, indirectamente respalde actividades que perjudican a la población, a las organizaciones criminales que almacenan productos no para abastecer el mercado interno, sino para fomentar el contrabando, afectando la economía de todos los bolivianos”, protestó Silva.
Asimismo, reiteró que la disposición busca combatir el agio, la especulación y el contrabando, por lo que no afectará a quienes operen de manera regular, bajo la normativa vigente.