En el programa La Razón Radio, Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), expuso las graves consecuencias de la pausa en las exportaciones de soya, medida que ha impactado a miles de productores y la economía boliviana. La decisión gubernamental de suspender las exportaciones de grano de soya está afectando a más de 14,000 productores, según Hernández.

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La suspensión y sus consecuencias

Según Hernández, la raíz del problema radica en el incumplimiento por parte del gobierno de emitir el certificado de abastecimiento interno y precio justo, lo cual impide liberar la exportación del grano. Este proceso, estipulado por el Decreto Supremo 3920 de 2019, permite que el 60% de la producción del año anterior sea destinado a la exportación. Sin este mecanismo, el sector productivo se ve estancado y pierde acceso a mercados internacionales.

“Con solo el 20% de nuestra producción de soya se cubre la demanda del mercado interno. El resto, el 80%, está destinado a la exportación. No existe justificación alguna para mantener suspendidas las exportaciones”, destacó Hernández.

Impacto en los precios

La suspensión de las exportaciones ha traído consigo una notable caída en los precios de la soya. Mientras que hace dos semanas el precio rondaba los 550 dólares por tonelada, hoy el valor se encuentra por debajo de los 450 dólares. Hernández explicó que esta caída es consecuencia de la incertidumbre generada en el mercado, afectando directamente los ingresos de los productores.

“El 2024 ha sido un año desastroso para nosotros. La falta de previsión y los problemas climáticos severos, como una sequía extrema, afectaron gravemente la producción de soya en las campañas de verano e invierno. Con 2.5 millones de toneladas previstas para esta campaña, los productores enfrentarán pérdidas de al menos 250 millones de dólares”, afirmó Hernández.

Exigencia de medidas urgentes

Ante esta crisis, los productores piden una acción inmediata por parte del gobierno para garantizar la exportación de la soya y el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los productores. La falta de divisas y la incertidumbre sobre la campaña de invierno, en la que se cultivan maíz, trigo y otros productos, ponen en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia.

“La suspensión de exportaciones nos está dejando sin recursos para sembrar en la próxima campaña. Necesitamos que el gobierno cumpla con las normativas y acuerdos para evitar más perjuicios a los productores”, señaló Hernández.

El futuro de la producción en Bolivia

Con la caída de los precios y la paralización de las exportaciones, los productores enfrentan un futuro incierto. A pesar de las dificultades, Hernández subrayó que los más de 14,000 productores seguirán trabajando para garantizar el abastecimiento interno de alimentos, pero necesitan certezas para poder planificar la campaña de invierno.

“La situación es insostenible. Si el gobierno no toma decisiones rápidas y eficaces, la producción de alimentos en el país se verá seriamente afectada”, concluyó Hernández.

Según el gerente de Anapo, la crisis que atraviesan los productores de soya en Bolivia pone en evidencia la falta de medidas efectivas para apoyar al sector agrícola y asegurar la estabilidad económica del país. La suspensión de exportaciones no solo afecta a los productores, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria, un aspecto clave para el bienestar de la población boliviana.