La crisis cambiaria y fraudes ponen en evidencia la necesidad de establecer regulaciones más claras y mecanismos que brinden seguridad tanto a propietarios como a inquilinos.
Fuente: https://elpais.bo
El anticrético, una modalidad única de acceso a la vivienda en Bolivia, ha sido durante décadas una alternativa viable para quienes buscan un hogar sin recurrir a alquileres mensuales. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta práctica ha comenzado a mostrar complicaciones legales y económicas, afectando tanto a propietarios como a inquilinos.
Uno de los principales problemas que ha surgido recientemente está relacionado con la crisis cambiaria y la devaluación del boliviano frente al dólar. Muchas personas han realizado contratos de anticrético en dólares, pero al finalizar el plazo del acuerdo, se han visto perjudicadas al recibir su dinero de vuelta en bolivianos y al tipo de cambio oficial, lo que supone una pérdida, debido a la escasez de la moneda extranjera en el mercado.
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Recomendación Abogados recomiendan que, antes de firmar un contrato de anticrético, se busque asesoramiento y se establezcan cláusulas
Otra preocupación recurrente es la garantía de recuperación del dinero al término del contrato. Un caso reciente ilustra esta problemática: una mujer denunció que la propietaria de una casa que había sido demolida se negó a devolverle el monto de su anticrético. Esta situación refleja la falta de regulación efectiva y los riesgos que enfrentan los inquilinos al no contar con mecanismos de protección suficientes.
Conflictos legales
El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, declaró en agosto del 2024 que, según la normativa vigente, los usuarios pueden devolver sus deudas en moneda boliviana al tipo de cambio oficial, incluso si el contrato estipula el pago en dólares.
“Aquellas personas que deben alquileres o anticréticos y que el propietario no quiere recibir en bolivianos, deben acogerse a lo que establece el Código de Comercio”, manifestó Silva en la oportunidad.
¿Hubo casos en Tarija?
La responsable de la Oficina de Defensa al Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, en una entrevista con El País, detalló que durante la gestión 2024 se han registrado al menos siete casos relacionados con la devolución de dinero por el tema inmobiliario, relacionado a alquileres, compra venta de inmuebles y otros, los cuales se resolvieron mediante la vía conciliatoria.
Palacios señaló que la Oficina de Defensa del Consumidor está acreditada para mediar en este tipo de situaciones.
“En Tarija se nos han dado varios casos con el tema de compras de terrenos y con condominios en donde se entregaron adelantos y no les llegaron a cumplir la entrega inmediata. Entonces, la persona lo que hace, es venir a nuestra oficina, presentar su reclamo contra la empresa o inmobiliaria, nosotros notificamos para poder llegar a un acuerdo y hacemos seguimiento para que se pueda hacer la devolución, se hace un documento para el respaldo de ambas partes”, mencionó.
Un caso reciente
Un reciente caso relacionado con el tema del anticrético, ha sido denunciado el pasado jueves, una mujer identificada como Beatriz en una entrevista con Play Noticias, detalló que pagó la suma de 35.000 bolivianos por el arriendo de un par de habitaciones, pero la casa fue demolida y ahora la propietaria identificada como Corina A., se niega a devolver estos recursos.
“Yo he dado un dinero para vivir en anticrético, y no sabía que tenían que venir a demoler (la casa), entonces yo entré a vivir ahí, la señora me pidió 30.000 bolivianos”, señaló, a tiempo de advertir que los recursos fueron transferidos mediante QR al hijo de la propietaria Armando FM.
Pero habiendo vivido 15 días en la vivienda, la propietaria exige 5.000 bolivianos más, recursos que también han sido transferidos en dos depósitos. Una vez efectuados todos los desembolsos, la dueña de la vivienda pretendió obligar a la arrendataria a firmar un contrato de 10 años de anticrético, hecho al que no accedió porque le parecía mucho tiempo.
Posteriormente, el Municipio procedió a demoler la casa, pero al acudir donde la señora para exigir la devolución de su dinero, la propietaria de la vivienda argumentó que no cuenta con los recursos y se negó a devolver.
Más tarde, la propietaria reconoció que su hijo recibió el depósito del dinero. Sin embargo, negó que se trate de una estafa, aunque se ratificó al señalar que de momento no devolverá estos recursos, argumentando que su persona está siendo difamada.
La propietaria intentó responsabilizar a la arrendataria por la demolición de su casa, argumentando que si firmaba el contrato que le ofreció, la destrucción hubiese sido evitada, ya que este documento hubiese sido utilizado como recurso legal para evitar que el Gobierno Municipal destruya la vivienda.