Los cultivos de hoja de coca en el país se incrementaron un 4% en 2023, pasando de 29.900 a 31.000 hectáreas, según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con financiamiento de la Unión Europea.

La representante del organismo en Bolivia, Mónica Mendoza, destacó este martes que la mayor parte del aumento se concentra en zonas estratégicas, con 18.439 hectáreas en la región de Los Yungas de La Paz, 12.125 en el Trópico de Cochabamba y 486 en el norte de La Paz.

Además, alertó que muchos de los cultivos se encuentran en áreas protegidas del territorio nacional.

Coca

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, resaltó que, a pesar de la tendencia al alza en algunos países vecinos, Bolivia logró reducir su participación global en la producción cocalera, pasando de representar el 20% a tan solo el 8% del mercado mundial.

“Nuestro trabajo en materia de erradicación y control ha permitido disminuir la expansión en áreas sensibles. En 2021 se erradicaron 620 hectáreas en zonas protegidas, 1.588 en 2022 y 1.081 en 2023,” afirmó Del Castillo, subrayando la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de manejo de cultivos excedentarios.

Sin referirse al incremento entre 2022 y 2023, el ministro aseguró que en 2024 las erradicaciones de cultivos y la lucha contra el narcotráfico lograron resultados históricos.

Del Castillo agregó que la política nacional no busca criminalizar el uso tradicional, medicinal y cultural de la coca, consagrada en la Constitución desde 2009, sino evitar su desviación hacia actividades ilícitas.

Asimismo, destacó que la actual gestión intensifica la cooperación interinstitucional para garantizar que las comunidades cocaleras cuenten con alternativas de desarrollo sostenible, como la diversificación agroforestal, que permita la reconversión de áreas destinadas a la coca en proyectos productivos que beneficien a la población.

Por su parte, la UNODC recomendó seguir implementando medidas que permitan cumplir con el límite de 22.000 hectáreas establecido en la Ley General de la Coca, y propuso impulsar programas de “alternativas sostenibles” que protejan tanto los derechos tradicionales de los productores como la integridad del medio ambiente.