En tanto, el Gobierno de Arce quiere que sean aprobados inmediatamente en la Asamblea Legislativa de Bolivia.
Fuente: ANF / La Paz
Las fundaciones Jubileo, Milenio y Solón, además del Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), emitieron un manifiesto público y advirtieron 13 riesgos en los contratos de litio con empresas chinas y rusas que el Gobierno quiere que sean aprobados inmediatamente en la Asamblea Legislativa.
Los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas Uranium One Group, de Rusia, y Hong Kong CBC, de China, esperan ser aprobados en el Legislativo desde finales del año pasado. Sin embargo, los documentos arrojaron una serie de dudas que demandan amplias respuestas por parte del Ejecutivo.
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Según las observaciones de las instituciones civiles, los contratos presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) serían incompletos y confusos, lo que dificultaría una evaluación adecuada. Además, alertaron que las empresas contratadas no han demostrado experiencia en la tecnología de extracción directa de litio (EDL), y pese a no cumplir con esa idoneidad, se les asignó la zona de mayor concentración del recurso en el Salar de Uyuni.
Otro punto crítico señalado es que el Estado asumiría los riesgos financieros, ya que YLB se comprometió a devolver a las compañías extranjeras sus inversiones mediante la producción de carbonato de litio, sin una clara capacidad de fiscalización. También se cuestionó la inconsistencia en los costos de inversión, ya que la planta de Uranium One Group presenta un gasto por tonelada 2,4 veces mayor que el del contrato con CBC, sin una justificación transparente.
Las instituciones firmantes del manifiesto público consideraron que las proyecciones financieras de YLB están sobredimensionadas y no reflejan el contexto actual del mercado del litio, donde los precios se encuentran por debajo de los 10.000 dólares por tonelada. Asimismo, denunciaron que los costos de producción son elevados y poco claros, lo que podría afectar la rentabilidad del proyecto para el país.
En términos medioambientales, señalaron que los contratos no garantizan un abastecimiento sostenible de agua dulce ni un adecuado manejo de residuos químicos e industriales. También criticaron la falta de consulta previa a comunidades indígenas potencialmente afectadas, como lo exige la normativa nacional e internacional.
Además, se advirtió que el contrato con CBC impone penalidades excesivas a YLB en caso de incumplimiento en la provisión de salmuera residual. Se cuestionó, asimismo, que las condiciones de transferencia de tecnología sean desfavorables para Bolivia y que no se mencione el destino de subproductos valiosos como potasio, boro, magnesio y sodio.
Finalmente, las instituciones denunciaron que los contratos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras, actualmente del 3 %, para el departamento de Potosí y los municipios productores. También subrayaron la falta de experiencia de YLB en la negociación de contratos de recursos naturales y el riesgo de comprometer al país en acuerdos poco beneficiosos durante más de 30 años.
Ante estos cuestionamientos, hicieron un llamado a la Asamblea para que analice con detenimiento cada cláusula antes de aprobar los contratos, con el objetivo de proteger los intereses nacionales.
