El episodio cripto que involucra al presidente argentino ya repercute en la Justicia y en el Congreso. La mirada de los especialistas sobre el escenario que enfrenta el mandatario
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Buenos Aires — Javier Milei enfrentará ahora una serie de investigaciones cuyas consecuencias resultan todavía difíciles de dimensionar. El apoyo a una criptomoneda que concluyó en una posible estafa llevará al mandatario a investigaciones internas, acusaciones en el Congreso y denuncias en la Justicia Federal.
El delito que puede imputarse al presidente Milei, señalan analistas, está tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Establece prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para el funcionario público que, “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. La jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano serán los encargados de investigar las denuncias, tras el sorteo realizado por la Cámara Federal porteña.
La investigación judicial aún no comenzó. Pero otro frente que se puede abrir es el de juicio político en el Congreso, que exige dos tercios de cada una de las cámaras. Ese juicio puede tener tres causales, dos de ellas son por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones. Para que avance el causal de delito debe contarse con una sentencia firme. No obstante, los legisladores sí podrían buscar avanzar con el causal de mal desempeño.
Por otro lado, el Gobierno definió la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que reunirá información de distintas agencias gubernamentales especializadas en criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos para examinar el proyecto de KIP Protocol. Y solicitó también la intervención de la Oficina Anticorrupción para determinar si hubo conducta impropia por parte de algún funcionario, incluyéndolo a él mismo.
La mirada de los especialistas
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez considera que está probada la conducta de Milei de inducción a comprar una criptomoneda vinculándola al desarrollo económico de Argentina. “En el ámbito del derecho tené que probarlo. Acá, la conducta desarrollada por Milei, da lugar a una investigación por el Congreso y una investigación penal, la conducta está probada. Eso está probado”, dijo en respuesta a Bloomberg Línea.
La investigación que debe proceder, según Gil Domínguez, es para determinar la incompatibilidad del ejercicio de la función pública con la realización de negocios (el mencionado artículo 265). También podría investigarse su participación primaria en el delito de estafa, agregó.
Para Félix Lonigro, abogado constitucionalista, “el Presidente de la Nación lo que hizo en su red social es promocionar e interesarse en una operatoria privada y lo hizo en su carácter de Jefe de Estado, porque evidentemente él la promovió para desarrollar o fomentar la economía”. Es decir, “lo hizo en su carácter de Presidente”. Y esa acción tiene, según Lonigro, “una responsabilidad penal y una responsabilidad política”, más allá del resultado de la inversión.
“Acá lo que se juzga es si el Presidente actuó dentro de sus atribuciones, fomentando o interesándose en un instrumento o en una operatoria privada”, dice el especialista y apunta que los delitos en los que podría haber incurrido es el de negociaciones incompatibles con la función pública (265).
“Políticamente la responsabilidad es ante el Congreso y políticamente puede crear una comisión investigadora para investigar lo que pasó sin perjuicio de la investigación judicial o pedir un juicio político”, continuó Lonigro, al señalar que para el pedido de juicio político esperaría “para ver si hay responsabilidad penal”.
Según el abogado, “lo que no se puede hacer en este caso es no investigar”, e incluso marcó que “aunque todos [los que compraron LIBRA] hubieran ganado, se lo juzgaría igual”.
Diego Armesto, abogado constitucionalista, señala que hay dos vías, la política y la judicial. En la judicial, a priori no ve un delito cometido por el presidente, pero afirma que es necesario que haya una investigación judicial que resuelva distintas incógnitas: “Cómo llegaron (los desarrolladores del token) al presidente, si había un acuerdo previo, por qué se publica el mensaje, por qué se elimina, cuáles son los vínculos, cuáles son los objetivos”.
La otra vía, la política, depende del Congreso para evaluar una posible violación a la Ley de Ética Pública. Pero para eso, primero es necesario que se conforme una comisión que investigue lo sucedido, antes de avanzar en un juicio político.