Este lunes, el diputado Rolando Cuéllar solicitará al Ministerio Público la reapertura de la investigación contra el empresario y ahora precandidato presidencial, Samuel Doria Medina.
El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar anunció que este lunes iniciará gestiones ante la Comisión de Justicia Plural y la Fiscalía Departamental de La Paz para reabrir el caso Akapana.
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Dicho proceso involucró al empresario y ahora precandidato del bloque de oposición para las elecciones generales de agosto Samuel Doria Medina. El caso está referido al escándalo de los Papeles de Panamá.
“Vamos a reabrir este proceso. Este lunes presentaremos el ‘desarchivo’ del informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa porque los delitos de daño económico al Estado y corrupción no prescriben; en estos casos se aplica la ley más severa, es decir, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, declaró el legislador cruceño citado por Erbol.
Samuel Doria Medina
Según la investigación de ese caso, Doria Medina fue señalado por una posible evasión tributaria de Bs 54 millones en la venta de acciones de la fábrica de cemento Soboce a la empresa mexicana Chihuahua a través de la empresa offshore Akapana S.A.
El legislador cruceño aclaró que no se trata de persecución política, sino que existen pruebas que “muestran” que transfirió su fábrica a una compañía mexicana a través de una empresa offshore y así evadir impuestos.
“El señor Samuel Doria Medina, con todos estos elementos probatorios, ya debería estar aprehendido y no haciendo campaña política. Nosotros, como diputados, activaremos inmediatamente todos los mecanismos constitucionales para que el caso Akapana avance y él responda ante la justicia”, añadió.
Investigación
El caso data de 2016, fue abierto a instancias del exvicepresidente Álvaro García Linera, basándose en el informe de una comisión de la Asamblea sobre los Papeles de Panamá.
Sin embargo, la jueza Melina Lima, del Juzgado Cuarto Anticorrupción, cerró el proceso por falta de pruebas, lo que derivó en su aprehensión y posterior acusación por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.