ENVIÓ SUS OBSERVACIONES
Fuente: erbol.com.bo
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por el Acuerdo Migratorio suscrito entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile por dudas que existen en el reglamento que entrará en vigencia en los siguientes días.
La autoridad defensorial explicó que se realizó un análisis a dicho documento con el objetivo de “garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de terceros países que se dirigen a Chile, anticipando posibles impactos antes de su implementación y del desarrollo de su reglamentación, sobre todo de la población más vulnerable en situación de movilidad humana”.
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“La Defensoría del Pueblo ha remitido notas, tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Presidencia y de Gobierno para que se tome en consideración las diferentes sugerencias que se debe incorporar en el reglamento, que mañana tiene que entrar en vigencia, por eso existe la necesidad de consolidar esta información”, apuntó Callisaya.
Para la autoridad defensorial el reglamento debe aclarar qué pasará si hay un extranjero en el que Bolivia ha sido país de tránsito y no de origen y que sea devuelto a Bolivia. “¿Esta persona se quedará en Bolivia?, ¿Será devuelta a su país de origen?; ¿qué va a pasar con niños que estén con personas adultas que no puedan acreditar su parentesco?; ¿qué se hará con personas que soliciten asilo? Hay temas que se deben esclarecer, por eso la Defensoría del Pueblo ha enviado un documento con las sugerencias que deben incorporarse en ese reglamento”, argumentó.
El documento con las observaciones, propuestas y recomendaciones clave sobre la aplicación del acuerdo se centran en: las garantías para la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países, que evadieron el control migratorio en un radio de diez (10) kilómetros de la frontera; la implementación de medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos; la aplicación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas; y el fortalecimiento técnico y logístico de las entidades que operan en la frontera para garantizar una gestión migratoria adecuada.
Callisaya, remarcó que de acuerdo al Plan de Fronteras 2024 – 2028, la Defensoría del Pueblo continuará con las gestiones defensoriales necesarias, así como el seguimiento y monitoreo de las zonas fronterizas con Chile. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a dialogar sobre la aplicación del acuerdo, con el propósito de garantizar condiciones justas y seguras para los cientos de personas que transitan diariamente hacia Chile. ///