Errores, retrasos y polémicos contratos con firmas de Rusia y China: seis claves para entender el conflicto por el litio en Bolivia

 

Fuente: infobae.com

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El litio fue visto durante muchos años como una gran promesa en Bolivia. El país sudamericano es parte del triángulo con la mayor reserva mundial del metal estratégico para la transición energética y se esperaba que su industrialización le permita dar un salto en la gestión de sus recursos naturales: pasar de ser un histórico proveedor de materia prima a un exportador de manufactura.

Sin embargo, a diferencia de otras naciones, Bolivia se va quedando atrás en el desarrollo de la industria. Tras más de doce años de proyectos, cambios de rumbo en la estrategia y millones de dólares invertidos sin retorno, la Asamblea Legislativa tiene en agenda la aprobación de dos contratos con empresas internacionales, de Rusia y China, para la explotación directa del metal, pero estos lejos de generar esperanza provocan desconfianza.

La semana pasada, el contrato con un consorcio chino estuvo en el ojo público debido a que fue aprobado en una comisión de la Cámara de Diputados y en los próximos días será tratado en el pleno. El otro, contraído con una firma rusa, aún no ha sido debatido.

En ese marco, te contamos en estas seis claves lo que está pasando con el litio en Bolivia y por qué genera conflicto.

El metal promesa de Bolivia

Bolivia es uno de los países con las mayores reservas de litio en el mundo, un metal que se utiliza en la producción principalmente de baterías para dispositivos electrónicos, electromovilidad y energías renovables. Aunque las reservas del país son muy grandes, su producción aún esta rezagada en comparación con la de otros países.

Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) se implementó una infraestructura industrial para producir carbonato de litio a través de un sistema de evaporación solar. En paralelo se creó una planta piloto de cátodos para la elaboración de baterías, lo que prometía dar un salto en la industrialización del país.

En el año 2012, a unos 85 kilómetros desde el municipio de Colcha K, en Potosí, dentro del Salar de Uyuni, se construyeron piscinas de evaporación de litio para obtener la materia prima, un proceso que consiste en la evaporación de la salmuera para que se separen los elementos químicos a ser procesados. Son 160 depósitos construidos sobre 22.000 hectáreas. Adicionalmente, se construyó una planta de cloruro de potasio y una planta de carbonato de litio.

A la fecha no todas las piscinas están operables por fallas en su diseño, construcción e implementación. El nuevo presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, observa que el error está en la concepción del proyecto porque las condiciones del salar de Uyuni, que sufre inundaciones durante una buena parte del año, no son las adecuadas para este sistema porque ralentiza el proceso.

Aún en esas condiciones, algunas piscinas operan y proveen materia prima que el país exporta, pero no en grado batería sino en una calidad menor, lo que relega también el proyecto de generar manufactura a partir del metal.

A raíz de las fallas en la construcción de las piscinas y las supuestas malas condiciones para el sistema de evaporación, en el año 2021 el Gobierno de Bolivia decidió cambiar de estrategia. La administración de Luis Arce planteó pasar de la tecnología de evaporación a la Extracción Directa de Litio (EDL), que extrae la salmuera a través de un proceso distinto al de la evaporación en piscinas.

Con esa nueva estrategia en el horizonte, el Estado boliviano lanzó en abril de 2021 dos convocatorias internacionales para darle un nuevo rumbo a la industria del litio. En noviembre del año pasado, el Gobierno firmó dos contratos para la Explotación Directa de Litio, uno con la empresa rusa Uranium One Group y otro con el consorcio chino CBC Hong Kong Investment Corporation, cuya casa matriz es la empresa china CATL, la productora de baterías de litio más grande del mundo. Ambos contratos contemplan la construcción y puesta en marcha de tres plantas y suman una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares.

Para entrar en vigencia, los acuerdos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional donde están en debate actualmente.

Desde la oposición hasta activistas y organizaciones ambientales han cuestionado los contratos que el Gobierno pretende aprobar. Las primeras críticas han surgido por el contrato con el consorcio chino, que pese a las observaciones, fue aprobado por la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados en medio de gritos y acusaciones contra algunos legisladores de haber recibido sobornos a cambio de un voto favorable.

Algunas de las críticas hacia ese contrato tienen que ver con la rentabilidad de los proyectos y lamentan que son más beneficiosos para las empresas que para el Estado boliviano.

Los contratos en apariencia son justos con el país: las empresas obtendrán el 49% de las utilidades y el Estado boliviano el 51%. Sin embargo, hay algunos costos adicionales. En el caso del contrato con CBC, que ya pasó la primera aprobación en la comisión, el consorcio además de recuperar su inversión, sus costos de operación y mantenimiento y el 49% de utilidades, obtendrá: el 12% de interés por su inversión inicial y 1.700 dólares por cada tonelada de carbonato de litio, según una revisión de la Fundación Solón, una de las firmantes de un pronunciamiento con objeciones acerca de los acuerdos.

También hay cuestionamientos a los costos ambientales de la extracción directa por el empleo de reactivos químicos y los volúmenes de agua necesarios que, según sus detractores, no se puede garantizar en el lugar.

En medio de estas acusaciones, el Gobierno defiende sus contratos y dice que las críticas tienen motivaciones políticas. En entrevista con Infobae, el presidente de YLB dijo que se hicieron cálculos en base a diferentes precios internacionales de litio y que “en todos los escenarios” el proyecto es rentable. También aclaró que los proyectos se van a realizar por fases y que si en la etapa de factibilidad no demuestran ser exitosos no se los va a ejecutar. Pero el tiempo corre y el proyecto del litio no despega.

A la controversia por la rentabilidad de los contratos, se suman protestas en una región de Bolivia por las regalías que va a recibir. La principal reserva de litio está en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, que percibirá el 3% de las regalías, un monto que los dirigentes cívicos consideran insuficiente si se lo compara, por ejemplo, con el 11% que recibió el departamento de Tarija por los hidrocarburos.

Sin embargo, este reclamo va más allá de los contratos en discusión porque las regalías están establecidas en la Ley Minera y para ampliar el margen se debe modificar esa ley: los contratos se ajustan a la normativa vigente.

La aprobación de los acuerdos es incierta. No solo hay dudas en el parlamento y protestas en Potosí en contra de ambos documentos, sino también críticas de parte de organizaciones civiles. Desde YLB indicaron que no hay un plazo para la aprobación de los contratos y que las condiciones estipuladas en los mismos no van a variar en el tiempo, por lo que el debate para su aprobación se puede prolongar indefinidamente.

En el Gobierno también hay quienes sospechan que la oposición busca dilatar la aprobación de los acuerdos para que estos sean tratados en la siguiente gestión, luego de las elecciones presidenciales de agosto.

Más allá de la polémica actual, la industria del litio sigue estancada a raíz de una sucesión de errores y demoras en los procesos que anulan cualquier expectativa de industrialización en el corto plazo. Adicionalmente, los expertos de la Fundación Solón temen que la firma de estos contratos y el desarrollo de los proyectos lejos de concretar el sueño boliviano se conviertan en “una pesadilla de entreguismo y desigualdad”.