Expresidente Castillo es llamado a juicio por fallido golpe en Perú


El expresidente peruano Pedro Castillo, recluido en una cárcel de Lima, será sometido a juicio a partir del 4 de marzo, tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, informó el lunes el Poder Judicial.

El expresidente de Perú Pedro Castillo, durante una visita a Santiago de Chile, el 29 de noviembre de 2022
El expresidente de Perú Pedro Castillo, durante una visita a Santiago de Chile, el 29 de noviembre de 2022 © JAVIER TORRES / AFP/Archivos

Fuente: RFI

 



Castillo, de 55 años, se sentará al banquillo para responder en «juicio oral (…) como coautor del delito de rebelión y como autor de abuso de autoridad», indicó el Poder Judicial en la red social X.

El exmandatario de izquierda, quien gobernó entre 2021 y 2022, cumple 18 meses de prisión preventiva por pedido de la fiscalía, que lo acusa de intentar un «golpe de Estado». El organismo pide una condena de 34 años de prisión.

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El tribunal confirmó que las audiencias se realizarán de manera presencial y virtual desde la cárcel especial para expresidentes en las afueras de Lima.

El exmandatario izquierdista fue capturado el 7 de diciembre de 2022, cuando fracasó en su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

«Nunca me levanté en armas», ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.

Según el exgobernante, fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso, de mayoría opositora y la fiscalía. Castillo fracasó en su plan para disolver el Legislativo cuando era investigado por presunta corrupción.

Castillo, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.

Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Las protestas fueron reprimidas por la policía y los militares. Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte.


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