Varios sectores sociales y empresariales piden la anulación de la disposición séptima que establece el decomiso de productos y alimentos.
Fuente: Unitel
Ante el anuncio del paro nacional programado para el 10 de febrero por sectores que piden la anulación de la disposición séptima de decomiso de productos, contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE), el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señala que este movimiento tiene afanes de “desestabilizar la economía del país”.
“Esto ya se ha convertido en un movimiento político. Qué tiene que ver el Comité Cívico (de Santa Cruz) con la disposición séptima (…) esta movilización tiene un fin político, que pretende afectar al Gobierno provocando la reacción de rechazo por parte de la población”, dijo Silva.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La autoridad dijo que los sectores sociales y empresariales que están contra la norma pretenden beneficiar a los importadores que ingresan su producción de forma ilegal.
“Indirectamente están beneficiando a los contrabandistas que seguramente están batiendo palmas para que se derogue esta normativa”, dijo Silva a tiempo de señalar nuevamente que desde el Gobierno están dispuestos a dialogar con los sectores que observan la norma.
“A los empresarios les decimos que vengan al diálogo, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar su posición que han asumido para contrastar ideas y buscar soluciones. La disposición séptima nunca fue concebida para afectar al sector gremial o productivo”, señaló la autoridad a los medios de comunicación.
El encuentro multisectorial ratificó este miércoles el paro nacional para el 10 de febrero en contra de la disposición sobre decomiso de productos y alimentos.