Human Rights Watch dijo en un informe que el país centroamericano no ha logrado prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica en niñas menores de 14 años.
Los distintos Gobiernos en Guatemala han incumplido sus obligaciones con las niñas que enfrentan embarazos tempranos y forzados como resultado de la violencia sexual, dijo Human Rights Watch.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La organización documentó en el informe “‘Forzadas a renunciar a sus sueños’: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”, las barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia.
El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informó que entre 2018 y 2024, 14.696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.
Una niña de 11 años fue violada por su padre y resultó embarazada. A pesar de buscar atención médica y denunciar el abuso, las autoridades la enviaron de regreso a casa, donde su agresor estaba presente y dio a luz sin asistencia.
Su caso no es el único.https://t.co/dXv82hv1WP
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) February 18, 2025
“La falta de acciones adecuadas por parte de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas puede tener consecuencias que ponen en riesgo la vida, incluidos daños a su salud física y mental, además de afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de las mujeres en HRW.
La oenegé entrevistó a más de 72 representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, personal de salud y otros expertos para el informe en 2023 y 2024.
Los programas de protección social para las niñas embarazadas y las que son madres también son inadecuados para garantizar su derecho a la seguridad social, según el análisis.
El programa Vida del gobierno, destinado a proporcionar asistencia en efectivo a las niñas embarazadas y madres menores de 14 años, tiene una baja cobertura debido a sus requisitos de elegibilidad restrictivos y a la burocracia. En 2024, solo 129 niñas estaban inscritas, a pesar de que 1.953 niñas menores de 14 años dieron a luz ese año.
Además, el camino hacia la justicia para las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual está lleno de vacíos y desigualdades sistémicas.
Entre enero de 2018 y octubre de 2023, se desestimaron 6.697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, 2.271 de ellos solo en 2023.
A pesar de que algunos casos avanzaron, la rendición de cuentas sigue siendo baja: entre enero de 2018 y septiembre de 2023, los jueces emitieron solo 136 acusaciones preliminares y 102 condenas por violación en casos que involucraban a niñas embarazadas menores de 14 años, es decir, que solo el 1,52% de los casos de violación a niñas menores de 14 años llegan a una sentencia.
| Años | Desestimaciones fiscales y judiciales | Acusaciones preliminares | Condenas |
|---|---|---|---|
| Total (2018-2023) | 6.697 | 136 | 102 |
Las fallas del sistema de justicia evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas dentro de los procesos legales. Las sobrevivientes de violencia sexual enfrentan múltiples barreras, como estereotipos de género, maltrato y dificultades para acceder a oficinas gubernamentales.
El sistema educativo de Guatemala también falla en brindar apoyo a las niñas embarazadas y a las niñas madres. Hasta noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas habían sido registradas como inscritas en el sistema educativo a nivel nacional entre enero y junio.
“Sin reformas significativas, que incluyan el fortalecimiento de la prevención, los servicios y el acceso a la justicia, las niñas en Guatemala seguirán enfrentando niveles alarmantes de violencia sexual y barreras insuperables para ejercer sus derechos”, dijo Quijano Carrasco.
“El gobierno necesita tomar medidas urgentes para garantizar que las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a la atención médica, educación, seguridad social y las protecciones legales a las que tienen derecho, para poder recuperarse y reconstruir sus vidas”, agregó.