Juristas apuntan al ministro de Gobierno, dicen que vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas, en un intento de obtener aprobación social. Del Castillo de forma personal realiza este ritual y lanza las acusaciones sin pruebas.
Fuente: ANF / La Paz
La exposición mediática de personas detenidas como estrategia para prevenir el delito no solo carece de efectividad, sino que resulta contraproducente, según investigaciones científicas y expertos en derechos humanos. Juan Luis Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, señaló que esta práctica vulnera derechos fundamentales y no contribuye a la seguridad ciudadana.
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“En términos generales, las investigaciones científicas desde el aspecto criminológico muestran que la exposición como tal no persuade, no disuade, no es un elemento de prevención del delito”, afirmó Ledezma a ANF. “Máximo va a ser un elemento de propaganda de un ministerio que quiere mostrar su trabajo”, agregó.
Los abogados Rime Choquehuanca y Jorge Quiroz también coincidieron al señalar que el ministro de Gobierno vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas, en un intento de obtener aprobación social. Del Castillo de forma personal realiza este ritual y lanza las acusaciones sin pruebas.
“Estas vulneraciones deberían estar prohibidas en un Estado de derecho”, remarcaron.
Ledezma enfatizó que, desde el punto de vista de los derechos humanos y la criminología, la exposición pública de detenidos no solo es ineficaz, sino que genera efectos negativos. “La exposición pública no resulta efectiva, sino más bien contraproducente”, sostuvo.
Recordó que esta práctica viola principios fundamentales como la presunción de inocencia y la dignidad humana, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“La posición clara que ha definido la Defensoría del Pueblo es que esta es una práctica que vulnera derechos humanos”, explicó. “Vulnera primero la presunción de inocencia, que está establecida desde la base de los derechos humanos”.
El coordinador del MNPT citó el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio público. Además, señaló que la Constitución Política del Estado y la normativa boliviana respaldan este principio.
“Nuestra Constitución Política y la normativa boliviana lo señalan, y nosotros deberíamos cumplir la ley”, afirmó Ledezma.
Citó que en la Constitución el artículo 116 que garantiza la presunción de inocencia; el artículo 21 dice que la persona tiene derecho a su honra, imagen y dignidad; y el artículo 22 señala que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables.
El experto también hizo referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8 establece el derecho a la presunción de inocencia y en su artículo 11 garantiza el respeto a la honra y la dignidad. “Estamos hablando de derechos fundamentales que deben ser respetados”, subrayó.
Ledezma cuestionó la efectividad de la exposición mediática como herramienta de prevención del delito, citando estudios científicos que respaldan su postura. “En 1951, el autor Lemert, en su estudio sobre el etiquetamiento social, dice que la criminalidad se agrava cuando la sociedad etiqueta al individuo como un delincuente”, explicó.
Estos estudios, según Ledezma, demostraron que jóvenes expuestos a intervenciones públicas estigmatizantes tenían tasas de reincidencia más altas que aquellos tratados con enfoques restaurativos. “Lo mismo ha ratificado un estudio de Becker en 1963”, agregó.
Otros estudios, como los de Philip Zimbardo en 1971, señalan que la exposición pública normaliza la violencia sistémica. “El estudio de John Braithwaite de 1989 indica que la exhibición pública humilla sin ofrecer oportunidades de rehabilitación”, explicó Ledezma.
El coordinador del MNPT también mencionó un estudio de Sherman realizado en 1997 y financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que concluyó que las estrategias basadas en la humillación pública no son disuasivas de la criminalidad, sino que aumentan la hostilidad hacia los sistemas legales.
“El estudio de Nagin en 2016, basado en la revisión de 300 estudios de disuasión penal, confirma que el castigo, o sea, la certeza del castigo y no su severidad o su exposición pública, son la clave para prevenir los delitos”, destacó Ledezma.
Un estudio más reciente, realizado por Kamins en 2019, analizó casos de exposición mediática de detenidos en Nueva York y concluyó que estos actos no redujeron los delitos asociados, pero sí aumentaron la percepción de parcialidad judicial. “El 78% de los encuestados asoció estas prácticas con violaciones al debido proceso”, señaló Ledezma.
El experto también citó un informe de la ONU de 2018 que analizó casos en Brasil, México y El Salvador, donde autoridades exhibieron a presuntos pandilleros o narcotraficantes. “El informe concluyó que estas acciones no redujeron la violencia, pero sí incrementaron la desconfianza en instituciones y la retaliación contra testigos”, explicó.
Ledezma reconoció la preocupación de las autoridades por mostrar resultados en la lucha contra el delito, pero insistió en que esto no debe hacerse vulnerando derechos humanos. “Es perfectamente válido que quieran mostrar resultados, pero que lo hagan sin vulnerar derechos, sin mostrar a las personas”, afirmó.
El coordinador del MNPT también se refirió a un supuesto estudio del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que respaldaría la exposición mediática de detenidos. “No conocemos ese estudio del ministro, pero hemos revisado varios estudios que confirman que la humillación pública no previene el delito”, dijo.
El 28 de enero, Del Castillo tras ser cuestionado por la exposición mediática de personas inocentes como delincuentes, como fue el caso de Reyna H., respondió: “Nosotros hemos demostrado desde el Ministerio de Gobierno con estudios técnicos y científicos que la acción de mostrar a personas que estén involucradas en conductas delictivas nos ha ayudado a reducir el feminicidio en el territorio nacional”.
Las cifras no acompañan la aseveración de Del Castillo. En 2024 Bolivia cerró con 84 víctimas de feminicidio, tres más respecto a 2023. Tampoco se conoce el estudio mencionado por la autoridad ni fue puesta a consideración de ninguna organización de Derechos Humanos.
Ledezma recordó que el relator especial de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, en su informe de 2010, señaló que la estigmatización pública puede constituir un trato degradante que menoscaba la dignidad de las personas.
“La estigmatización, una vez generada, es difícil de revertir y tiene un impacto profundo en el nivel social y personal de los afectados”, afirmó.
El especialista hizo un llamado a respetar las reglas del Estado de derecho. “Vivimos en un Estado de derecho, así se ha acordado en el mundo, hay que respetar las reglas de juego”, exigió.
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