La jueza Anay Áñez Mendoza otorgó suspensión condicional de la pena a José Ayala, el agresor de la gata Michita, pese a que el artículo 44 de la Ley 300 prohíbe expresamente esta medida en casos de biocidio. Esta decisión contradice tanto la normativa vigente, como la Sentencia Constitucional 0758/2019-S2, que ratifica la imposibilidad de aplicar este beneficio a quienes cometen este delito.
Ayala, quien admitió haber matado brutalmente a su mascota, recibió una sentencia de tres años en el marco de un procedimiento abreviado, pero gracias a la determinación de la jueza Áñez Mendoza saldrá en libertad de inmediato. Esta resolución va en contra del marco legal boliviano, que protege tanto a la fauna silvestre como doméstica y establece sanciones severas para quienes atenten contra su vida.
Graves Irregularidades en el proceso
El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades que demuestran un evidente sesgo a favor del acusado. Entre ellas:
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- Negación de la participación del abogado denunciante: Pese a presentar reiterados memoriales, la jueza impidió que el abogado denunciante participara en la audiencia de manera virtual, violando su derecho a la defensa y causando indefensión.
- Falta de notificación a Zoonosis: En el momento de aceptar el procedimiento abreviado, no se notificó a Zoonosis, a pesar de ser una entidad clave en la protección de los derechos de los animales.
- Inacción ante memoriales: La jueza no respondió a los memoriales presentados por la parte denunciante, lo que demuestra una evidente actividad procesal defectuosa.
Antecedentes de la jueza y posible prevaricato
No es la primera vez que la jueza Áñez Mendoza toma decisiones altamente cuestionables. En el pasado, fue señalada por la prensa, la policía y la fiscalía por haber liberado a una banda delictiva que extraía dinero de cuentas del Banco Unión.
Su accionar en este caso podría constituir prevaricato, delito tipificado en el artículo 173 del Código Penal, el cual sanciona a jueces que dicten resoluciones manifiestamente contrarias a la ley en perjuicio de una de las partes. Al conceder la suspensión condicional de la pena en un caso de biocidio, a pesar de la prohibición legal expresa, existen suficientes elementos para iniciar una investigación penal y administrativa en su contra.
-Se presentará un amparo constitucional
Ante esta flagrante vulneración de la ley, se presentará un amparo constitucional para revertir la decisión y garantizar que José Ayala reciba la sanción que le corresponde.
Asimismo, si Ayala vuelve a huir, como ya lo hizo en el pasado, la responsabilidad recaerá íntegramente sobre la jueza Áñez Mendoza, quien con su fallo ha puesto en riesgo la aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los animales.
La sociedad no puede permanecer indiferente ante un caso que sienta un nefasto precedente de impunidad. La jueza Áñez Mendoza debe responder ante la justicia, y el Consejo de la Magistratura debe tomar cartas en el asunto para evitar que decisiones como esta sigan atentando contra la legalidad y el sentido de justicia que la ciudadanía exige.
(Foto del canal Sitel de 6 de febrero de 2020 que da cuenta de los antecedentes de la juez arriba señalados)
Fuente: Nadia Beller