El abogado Jorge Quiroz denunció la falta de responsabilidad del Estado en las muertes que ocurren dentro de las cárceles bolivianas y enfatizó la necesidad de una reparación a los familiares de las víctimas.
“Resultan personas no solo fallecidas, sino también resultan personas heridas y definitivamente el Estado lo único que hace es soslayar su responsabilidad al tratar de atribuir esa responsabilidad a las malas conductas que se practican dentro de los establecimientos penales, lo cual definitivamente no es así. El Estado debe responder, el Estado debe tratar de reparar los daños ocasionados a sus familiares”, declaró Quiroz a ANF.
El jurista enfatizó que, más allá de los delitos cometidos, los reclusos tienen familias que dependen de ellos. “Por más delincuente que sea, puede que tenga un hijo, puede que tenga una esposa, puede que tenga personas que están dependiendo de él, y el Estado qué hace, se despreocupa, y eso no va dentro del ámbito del comportamiento legal del Estado”, señaló.
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A pesar de las constantes muertes en los centros penitenciarios del país, Quiroz manifestó que hasta la fecha no se ha registrado una reclamación formal que logre un precedente legal, pero “sí se conocen miles de casos porque todas las semanas de manera indiscriminada resultan personas fallecidas, ya sea en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz, que son las cárceles con mayor población penitenciaria”.
Datos oficiales revelan un incremento en el número de muertes en los penales bolivianos. En 2022, se registraron 80 fallecimientos: 70 por enfermedades, 3 asesinatos y 7 suicidios. En 2023, la cifra aumentó a 101 muertes, de las cuales 88 fueron por enfermedad, 9 por asesinatos, 2 suicidios y 2 por operativos de recaptura.
El abogado también recordó que, en el pasado, los gobiernos militares cometían abusos similares y que ahora, a pesar de vivir en democracia, la situación carcelaria no ha mejorado significativamente.
“En la época de los gobiernos militares, que se vivía una democracia de facto, ocurrían muertes de la misma manera como en estos momentos está ocurriendo, es decir, la democracia en sí no ha terminado de aprender, y somos nosotros los abogados, los jueces, los fiscales, los que no le ponemos un punto final a estas desgracias”, reflexionó.
Según Quiroz, es tarea de los operadores de justicia velar por los derechos de los privados de libertad y cambiar esta realidad de muerte y abusos, que no puede ser superado por muchos años.
“Nos toca a todos aquellos que somos juristas, que trabajamos dentro de la justicia, crecer en el sentido de ser más humanos, en el sentido de considerar que las personas que se encuentran detenidas son seres humanos. Hayan cometido los delitos que hayan cometido, el Estado debe responder dentro del aspecto legal”, aseveró.
Ante esta situación, Quiroz recordó que, según los estándares internacionales, el Estado está obligado a investigar cada una de estas muertes.
El abogado instó a las autoridades a asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para prevenir nuevas muertes en los centros penitenciarios.
“El Estado debe garantizar condiciones dignas para los reclusos y garantizar que los responsables de estas muertes sean sancionados conforme a la ley”, concluyó Quiroz.
Fuente: ANF