La inédita alianza entre los dos principales grupos criminales alerta a Brasil: cuáles pueden ser las consecuencias

 

Fuente: infobae.com

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Lo ocurrido el sábado por la noche en Río de Janeiro es la última pieza de una escalada de violencia que está haciendo que Brasil se parezca cada vez más a México. Después de la detención de Rodolfo Manhães Viana, de 34 años, también conocido como “Topo” (“Rato” en portugués), importante miembro del Comando Vermelho (CV), sus hombres asaltaron a tiros la comisaría donde estaba encarcelado. Un policía resultó herido. Unos días antes, también en Río, unos narcotraficantes habían disparado contra un helicóptero de la policía.

Estos incidentes se produjeron en un momento muy delicado para la seguridad del país. Según el fiscal de San Pablo Lincoln Gakiya, que vive escoltado desde hace años por sus procesos contra el Primer Comando de la Capital (PCC), y un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional de Políticas Criminales, las dos principales organizaciones criminales, el PCC y el CV, llegaron a una tregua y firmaron una alianza sin precedentes.

“La unificación de los abogados del PCC y del CV fue formulada por miembros de alto rango de las dos facciones. El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal”, señala el informe. “Esta tregua ya existe en Río de Janeiro y San Pablo. La unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y, sobre todo, de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones criminales”, afirmó Gakiya.

“Es posible que haya una nueva ola de violencia como la de San Pablo en 2006, ya que hay información de que el PCC y el Comando Vermelho han entrado en una tregua para presionar al gobierno, mientras que los abogados vinculados a las facciones están cuestionando las condiciones carcelarias”, explica a Infobae Rodrigo Duton, teniente coronel de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, profesor invitado en el Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall, en Alemania, e investigador no residente en el Instituto Australiano de Política Estratégica.

En mayo de 2006, el PCC, impuso un toque de queda de una semana en la ciudad de San Pablo, quemando autobuses y matando policías. La espoleta fue la decisión del Gobierno del estado de San Pablo de aislar a los líderes de la facción con el objetivo de desmantelar su organización metiéndolos en cárceles de máxima seguridad. El 11 de mayo, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Presidente Venceslau. Al día siguiente comenzaron los enfrentamientos. El trágico balance de cerca de 500 muertos representó una de las páginas más dramáticas de la emergencia criminal de Brasil.

“Si el Estado endurece las medidas contra el PCC, podrían producirse protestas, atentados y disturbios, lo que haría probable una reacción violenta”, dijo Duton a Infobae. La tregua habría sido decidida por los dos líderes, Marco Willian Herbas Camacho, conocido como “Marcola”, jefe del PCC, y Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como “Marcinho VP”, jefe del CV. “En realidad, desde el traslado al sistema penitenciario federal (considerado más seguro) de Marcola y otros líderes del PCC en 2019, ya habían pensado en una tregua para que juntos intentaran derribar el rigor del sistema penitenciario federal. Ahora esta tregua se ha materializado”, dijo al sitio de noticias UOL Gakiya. A finales de enero, el fiscal denunció a 12 personas investigadas en la operación Grito Falso, que tenía como objetivo la ONG Pacto Social & Carcelario, que, según la investigación, fue creada, financiada y puesta al servicio del PCC. Según informa el diario O Estado de São Paulo, la presidenta de la ONG, Luciene Neves Ferreira, asistió a reuniones en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasilia. “Las facciones estaban consiguiendo su objetivo, que era influir en las políticas públicas del sistema penitenciario”, declaró Gakiya al diario O Estado de São Paulo. Una influencia que también pretendía trascender las fronteras nacionales. La ONG había manifestado incluso su interés en intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso contra el ex guerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil en 2002.

Según los expertos, el objetivo de la tregua entre los dos grupos criminales es presionar juntos a través de sus abogados para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes. El otro motivo es una mayor colaboración en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil. La primera es la llamada “caipira” y está controlada principalmente por el PCC. Comienza en Bolivia, pasa por varios municipios del estado de San Pablo, llega al puerto de Santos y desde allí continúa hacia África y Europa. La otra ruta está controlada por el CV y es el río Solimões, en la selva amazónica, por donde entra la cocaína colombiana y peruana. La tregua también podría tener un impacto internacional. Ambos grupos se están expandiendo cada vez más fuera de las fronteras de Brasil. A principios de febrero, un joven brasileño apareció carbonizado en un contenedor de basura en una playa de Lisboa. Según las autoridades, los autores eran miembros del CV. La situación es tan grave que esta semana los ministros de Justicia de Brasil y Portugal firmarán acuerdos bilaterales para luchar conjuntamente contra la delincuencia organizada en los dos países. Sin embargo, el PCC sigue siendo actualmente el mayor a escala mundial, llegando incluso hasta Australia.

Rodrigo Duton publicó recientemente un informe para el Instituto Australiano de Política Estratégica titulado “El corredor de cocaína del Pacífico. La ruta de un cártel brasileño hacia Australia”, en el que describe la expansión del PCC hacia el Pacífico. “El PCC se está expandiendo hacia Australia debido al mercado altamente lucrativo de la cocaína, las rutas comerciales establecidas a través del Pacífico, la participación directa en la logística del tráfico y la diversificación en drogas sintéticas como las metanfetaminas y los opioides”, explica Duton a Infobae. Para el experto, “ciudadanos brasileños ya están involucrados en operaciones del PCC en Australia, con casos como el del buzo Bruno Borges Martins, que murió allí cuando intentaba recuperar cocaína insertada en la quilla de un barco. Además, miembros del PCC se están trasladando allí para encargarse de la logística y de los compradores locales. El grupo puede servirse de expatriados brasileños, al igual que ha hecho la ‘Ndrangheta en el pasado penetrando en el país con emigrantes italianos”, alerta Duton. Australia también representa un escenario crucial para entender las futuras estrategias del PCC. “El PCC podría expandirse hacia las drogas sintéticas, como las metanfetaminas y los opiáceos, siguiendo la tendencia de los cárteles latinoamericanos de reducir la dependencia de las drogas naturales. La alta demanda en Australia convierte al país en un mercado estratégico y el grupo podría adoptar el modelo de producción y exportación de los cárteles mexicanos”, dice Duton a Infobae.

Si los mercados internacionales permiten al PCC ganar miles de millones de dólares con el tráfico de cocaína, el grupo necesita entonces lavar el dinero de estas ganancias. “El PCC opera en 23 países y tiene una fuerte presencia en todo Brasil. Además del tráfico de drogas y armas, el PCC lava dinero en sectores como el inmobiliario, el transporte, la minería ilegal, las iglesias neopentecostales, las fintech y la salud pública”, explica Duton a Infobae.

Sobre el tema del lavado de dinero, el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) publicó la semana pasada un informe titulado “Siga los productos – El monitoreo de productos y el combate al crimen organizado en Brasil”. Según el informe, la facturación estimada en 2022 de los principales grupos criminales, sólo en el comercio de cigarrillos, bebidas, combustibles y oro, fue de unos 147.000 millones de reales (25.770,5 millones de dólares). En particular, es cada vez más alarmante el control que ejerce el PCC sobre toda la cadena de producción de combustible, desde los pozos hasta la distribución final, como ha denunciado en repetidas ocasiones el Instituto del Combustible Legal, una organización no gubernamental que trabaja para proteger al sector legal. En 2017, Fecombustíveis, la Federación brasileña de Comercio de combustibles y lubricantes, estimó que el PCC controlaba 150 gasolineras en el estado de San Pablo. El año pasado, numerosas autoridades, desde el poder judicial hasta el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos, estimaron que alrededor de 1.100 de las casi 9.000 gasolineras del estado operan bajo las órdenes de la facción criminal.

El mercado de los combustibles se ha vuelto cada vez más importante para el PCC. Además de ser utilizado para el lavado de dinero, se ha convertido en un buen negocio para impulsar las ganancias de la facción criminal que incluso maneja fintechs que distribuyen máquinas de pago con tarjeta en las gasolineras. El lucro comienza con la importación ilegal de nafta, pasa por la evasión fiscal y llega a la medición fraudulenta de los surtidores. A menudo, los combustibles del PCC se adulteran con mezclas de metanol, alcohol hidratado o incluso agua. El grupo también se está expandiendo en la industria del etanol, donde ha comprado varias fábricas. La cadena comercial también se utiliza para mover cargamentos de combustible robado, especialmente en el Norte del Brasil. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ha creado el Centro Estratégico de Lucha contra el Crimen Organizado, cuyo punto de partida será la infiltración del crimen en el sector de los combustibles. También en Brasilia, el diputado João Carlos Bacelar, del Partido Liberal (PL) está redactando una solicitud para abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigue las actividades de las organizaciones criminales en la adquisición y gestión de gasolineras, plantas de etanol y puntos de venta al por menor.

Sin embargo, la cocaína sigue siendo el principal negocio de los criminales brasileños, no sólo hacia otros países, sino también para el mercado interno. Según una investigación publicada estos días por la Universidad Federal de Santa Catarina, en el sur de Brasil, en la Laguna de la Concepción de Florianópolis, se descubrió una de las mayores concentraciones de cocaína del mundo en el 63% de las muestras utilizadas. Los autores del estudio publicado en la revista científica “Science of the Total Environment” también informaron de la presencia de estas sustancias en las aguas costeras de Brasil y en los tiburones que en ellas se encuentren.

Por último, es importante recordar cómo se está desarrollando el escenario criminal en el país. Además del PCC y del Comando Vermelho, otros grupos están disputándose el territorio. Uno de los criminales más buscados estos días en Río de Janeiro es Álvaro Malaquias Santa Rosa, conocido como “Peixão” (Pez Gordo en español). El hombre está siendo investigado por la Policía Federal por terrorismo. Como jefe de la facción del Terceiro Comando Puro (TCP), Peixão podría convertirse en el primer traficante acusado de terrorismo en Brasil. El delincuente, que también es un ferviente neopentecostal, controla el Complexo de Israel, un grupo de favelas en el norte de Río de Janeiro. Peixão está acusado de promover el terror social, de utilizar su poder para imponer su propia religión, persiguiendo y atacando a quienes siguen y practican otras religiones. En los últimos meses, en un intento por capturarlo, se han producido incidentes en los que sus hombres han disparado contra policías y transeúntes inocentes en las principales arterias de Río de Janeiro. En octubre de 2024, tres personas murieron durante un tiroteo en la Avenida Brasil, una de las arterias más importantes y un eje clave para la movilidad urbana de Río.