En un informe publicado el 19 de febrero, Human Rights Watch concluye que hay graves falencias en la investigación de homicidios dolosos en México. La mayoría de los procesos no avanzan y a menudo se cierran o se archivan sin que lleguen a un juez. En el informe también aseguran que «la politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia criminal». Hablamos con Tyler Mattiace, investigador para México de HRW.
RFI: ¿Por qué ustedes aseguran en el informe que hay graves falencias en la investigación de homicidios en México?
Tyler Mattiace: Este informe se enfocó específicamente en el tema de homicidios dolosos y encontramos que sólo el 17% de todos los homicidios, desde 2010 a 2022, fueron esclarecidos, con un sospechoso identificado. Y como la mitad de esos casos, o sea el 9%, llegaron a una sentencia. Así que realmente el problema grave aquí es por una falta de capacidades humanas y materiales, por coordinación ineficaz, por problemas con la protección de víctimas y la participación de víctimas y testigos en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones por homicidio en México nunca llegan ante un juez.
RFI: ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la justicia mexicana?
Tyler Mattiace: Uno de los retos mayores que enfrenta en casi todo el país es que la mayoría de las personas que podrían ser testigos en investigaciones tienen muchísimo miedo de compartir información porque podrían enfrentar represalias. Pero las fiscalías en el país no están cumpliendo con su obligación de protección efectiva a las víctimas y a los testigos. Y muchísimos casos, que nosotros documentamos en este informe, cayeron porque el testigo fue asesinado.
RFI: ¿Qué recomendación hacen a la justicia mexicana a raíz de este informe?
Tyler Mattiace: Concretamente, voy a mencionar algunos puntos. Uno es un esfuerzo a nivel nacional para fortalecer las capacidades en términos de capacitación y de recursos y materiales de todas las fiscalías, pero con un enfoque en las fiscalías en las partes del país con mayor tasa de violencia. Segundo, todas las fiscalías en el país deberían ser requeridas por ley de establecer planes de persecución penal estratégica que establecerían lineamientos para que los fiscales sepan cómo priorizar los casos porque tienen realmente altísimas cargas de trabajo y no les alcanza el tiempo. Y una recomendación importante es mejorar los mecanismos de supervisión y control en todas las fiscalías. Hay temas muy graves de abusos y corrupción que realmente impactan negativamente en las investigaciones.