El presidente acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de tener una alianza con las bandas criminales de su país y le impuso aranceles aduaneros, al igual que a Canadá y China, hasta que cooperen en la lucha contra el tráfico de drogas.
Ines Ehulech
El pasado 20 de enero, cuando tomó posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump anunció una de las primeras medidas de su Gobierno: designar a los cárteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras”. Desde entonces, lidera una diplomacia agresiva en su lucha sin cuartel contra los cárteles y las pandillas que desde México inundan a su país con toneladas de fentanilo y otras tantas drogas.
El republicano responsabiliza de la conocida “crisis del fentanilo” a tres países: México, Canadá y China. De esta manera, y tal como venía advirtiendo, este sábado firmó una orden para imponer aranceles a esas naciones, que van desde el 10% hasta el 25%.
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El anuncio llevaba meses debatiéndose en el ámbito político y, si bien podría entenderse como una continuación de la política proteccionista aplicada por Trump durante su primera presidencia, en la que también impuso aranceles sobre bienes del extranjero, lo cierto es que en esta oportunidad se trata de una medida que responde, principalmente, a su lucha contra el narcotráfico y la crisis del fentanilo, así como la inmigración irregular.
Además del anuncio de los aranceles, la Casa Blanca emitió, probablemente, el comunicado más duro contra el gobierno mexicano en décadas. El republicano acusó directamente a la actual administración del país vecino de tener una alianza secreta con los cárteles del narcotráfico.
Según Washington, el gobierno mexicano ha proporcionado “refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte” de drogas. Y agregó: “Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”.
La Casa Blanca aclaró que esa presunta alianza es “intolerable”. Por eso, los aranceles recientemente anunciados sobre los tres países son una forma de presión para conseguir su cooperación para terminar con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia Estados Unidos, y una acción decisiva para proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo”, explicó el gobierno norteamericano, que detalló que el líder republicano invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional en este contexto.
Estados Unidos quedó, años atrás, inmerso en las redes de tráfico de influencias, especialmente del fentanilo, que es responsable de casi el 70% de las más de 107.000 muertes por sobredosis de drogas en el país, y es ya la principal causa de muerte entre sus ciudadanos de entre 18 y 45 años.
Las cifras responden a su alto nivel de adicción -es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina- y su notoria presencia en las calles de prácticamente todos los estados.
En el caso de México, su vínculo con esta actividad es más que evidente.
Según la Administración estadounidense, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas e, inclusive, dos poderosas bandas son las responsables de haber inundado el país con este opioide.
Se estima que la gran mayoría del fentanilo que ingresa en Estados Unidos proviene de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que, a su vez y al igual que otros grupos.
Indicios de estas alianzas pudieron verse a finales de año, cuando tuvo lugar un mega operativo en Sinaloa en el que se decomisaron 1.100 kilogramos de pastillas de fentanilo y se detuvo a dos miembros de la célula criminal de los Beltrán Leyva: Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez.
Sin embargo, esta gran victoria del Gobierno de Claudia Sheinbaum y tantas otras que podrían producirse en el futuro, corren el riesgo de desvanecerse debido a los nexos multimillonarios existentes entre el Poder Judicial y los narcos, que difícilmente desaparezcan.
Para lograr un real marco de control y evitar que las incautaciones retornen a los criminales, es fundamental contar con funcionarios comprometidos con su labor y listos para purgar a cualquiera que se distancie de sus tareas, algo que no ha ocurrido hasta el momento.
En esa línea, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó recientemente que los cárteles tienen el “control operativo sobre enormes extensiones de las regiones fronterizas” entre México y Estados Unidos.
De hecho, y como señal de la implacable lucha que emprendió Trump contra los cárteles mexicanos, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, apuntó días atrás que el Gobierno no descarta intervenir militarmente en el país vecino, con golpes precisos a los cárteles, aunque la estrategia final dependerá de la voluntad de Sheinbaum.
“Todas las opciones estarán sobre la mesa si nos enfrentamos a lo que se consideran organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a los estadounidenses”, dijo en diálogo con Fox News, sin brindar mayores detalles.
Incluso, en el pasado varios senadores mexicanos se mostraron partidarios de permitir al Ejército estadounidense combatir a los narcos dondequiera que estén.
Por lo pronto, Marco Rubio será el encargado de establecer el listado de los cárteles que serán designados como organizaciones terroristas. Entre ellos figuran Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cartel de Juárez, Cartel del Golfo, Las Zetas y Cartel Beltrán Leyva.
La directriz presidencial, titulada “Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales”, establece que es política de Estados Unidos eliminar completamente la presencia de estos grupos en su territorio, así como desmantelar sus estructuras de mando y control fuera del país. En el documento se señala: “Es política de los Estados Unidos garantizar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en el país y de su capacidad de amenazar el territorio, la seguridad y la protección del país mediante sus estructuras extraterritoriales de mando y control, protegiendo así al pueblo estadounidense y la integridad territorial de los Estados Unidos”.
Asimismo, la orden especifica que el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario del Tesoro, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional y el Director de Inteligencia Nacional, deberá presentar una recomendación sobre qué organizaciones deben ser designadas bajo esta nueva categoría.
En medio de esta creciente polémica, Sheinbaum respondió rápidamente las acusaciones de Trump, a las que calificó de “calumnias”, pero enfatizó que México no busca una confrontación con ningún país, menos con uno que es vecino y aliado, por lo que llamó a que se trabaje de manera conjunta para combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia. “México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte”, aseguró.
Pese a este llamado de Sheinbaum, posiblemente Trump exija garantías. Aunque la presidenta y García Harfuch han mantenido una postura firme en los operativos contra el narco, estos esfuerzos solo podrían considerarse exitosos si logran eliminar cualquier incertidumbre y presionar, dentro del marco legal, al Poder Judicial para que actúe con rigor y depure posibles complicidades que afectarían sus avances.
Dentro de las propias fuerzas de seguridad mexicanas hay constantes sospechas de que el fentanilo incautado podría volver a manos del crimen organizado si no se aplican las medidas preventivas necesarias.
Canadá también es señalado por su rol en el tráfico de estupefacientes, con una creciente producción de fentanilo en su territorio. Según datos aportados por el Ejecutivo estadounidense, el pasado año se incautó en el país suficiente cantidad de este opioide como para matar a 9.8 millones de estadounidenses.
Es por ello que Trump consideró urgente la implementación de medidas de presión para conseguir que su par, Justin Trudeau, se sume a sus esfuerzos por detener estas actividades.
Ottawa, no obstante, asegura haber tomado medidas al respecto, como el despliegue de equipos caninos en las fronteras, capaces de detectar estas sustancias, aunque sin conseguir resultados suficientes para su par republicano.
China, por último, también fue alcanzado por el anuncio de este sábado, pese a estar a miles de kilómetros de distancia. La rivalidad con el gigante asiático quedó una vez más expuesta, esta vez en lo que respecta al comercio de drogas ilícitas en el que, según la Casa Blanca, el régimen de Xi Jinping tiene un papel central.
Desde haces años, el Partido Comunista Chino subvenciona a empresas chinas, para que produzcan los precursores del fentanilo en grandes cantidades. Luego, garantiza todas las condiciones para su exportación hasta el continente americano, donde son recibidos y procesados por los cárteles a ambos lados de Estados Unidos y, posteriormente, ingresados en el país.
Informes de la Administración para el Control de Drogas de Washington (DEA) confirmaron que el 97% de las incautaciones de fentanilo en los últimos años estaban, efectivamente, vinculadas a los químicos procedentes de China y expusieron, así, la permisividad de Xi Jinping en lo que respecta a este comercio ilícito, que se vincula directamente a otros temas clave como el lavado de dinero y el tráfico de armas.
“China no solo no pone freno al origen de drogas ilícitas, sino que ayuda activamente a este negocio”, denunció Washington en un intento por resaltar su condición innegociable de “plena cooperación del Gobierno chino” en esta lucha, a cambio del cese de este aumento del 10% en sus tasas.
“Necesitamos proteger a los estadounidenses y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos. Hice una promesa en mi campaña de detener la avalancha de inmigrantes ilegales y drogas que cruzan nuestras fronteras, y los estadounidenses votaron abrumadoramente a favor de ello”, insistió Trump, decidido a ejecutar su diplomacia agresiva para combatir al crimen organizado.