Las pruebas que vinculan a la Policía de Honduras con la masacre de 46 mujeres en una cárcel de máxima seguridad

 

Fuente: infobae.com

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Al ministro de seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velásquez, le urge dar por cerrado el caso de 46 reclusas masacradas en la cárcel de máxima seguridad conocida como Támara, ocurrida en junio de 2023. En diciembre pasado, un tribunal condenó a 15 pandilleras por la autoría material de las muertes violentas y el Ministerio Público pidió condenas de hasta 1,200 años. Pero aún hay hilos sueltos, como la participación de la Policía Nacional en la planificación y encubrimiento de aquellos hechos que, en su momento, provocaron la mayor crisis política vivida por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Infobae ha tenido acceso a partes de los expedientes de investigación abiertos por las autoridades hondureñas tras la masacre y, en concreto, a pruebas de balística e informes de la escena del crimen que implican directamente a la Policía Nacional (PN). En uno de esos informes constan, por ejemplo, decenas de fotografías de municiones y armas rescatadas en la escena que están marcados con identificativos policiales.

Un informe preliminar, levantado a pocos días de ocurrida la masacre, da cuenta de que 23 de las 46 mujeres asesinadas tenían balas alojadas en sus cuerpos, y de que el 96% de los casquillos encontrados en la escena son munición asignada a la Policía Nacional (PN). Infobae confirmó la autenticidad de esta información con dos agentes hondureños que estuvieron directamente involucrados en las investigaciones iniciales y con fotografías de las armas y municiones encontradas en Támara el día de la masacre.

También hay testimonios recogidos durante las investigaciones, al menos tres, que dan indicios de la participación policial en la planificación de la masacre.

De esos testimonios y pruebas se recoge una hipótesis: el liderazgo de la pandilla Barrio 18 en Honduras preparó un golpe contra la MS13, banda rival, en la cárcel de Támara para generar inestabilidad en el sistema penitenciario y poner paro a requisas sorpresas que nuevas autoridades estaban realizando en otras prisiones del país, las cuales habían puesto en riesgo negocios y corrupción atribuidos a los mismos líderes pandilleros en complicidad con las autoridades penitenciarias y policiales.

“La mismísima policía -dijo una de las fuentes a los investigadores- facilitó… Las mujeres coordinaron con policías que les permitieron meter armas y gasolina”, se establece en uno de los informes obtenidos.

La masacre de Támara ocurrió el 20 de junio de 2023. Las pandilleras del Barrio 18 se tomaron un ala de la prisión, prendieron fuego colchonetas, dispararon a 23 mujeres y las quemaron a todas, 46 en total. Desde las primeras horas de la mañana, personal civil destacado en la cárcel, cuyo nombre oficial es Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), había enviado alertas privadas de que pasaba “algo raro”.

La masacre se dio en el contexto de una pugna entre las autoridades policiales a las que la presidenta Xiomara Castro había cedido el poder de los resguardos carcelarios y la cúpula del ejército, que había tenido a cargo las prisiones durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro hoy condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico.

Y ocurrió, la matanza, en el marco de una interventoría propiciada por el gobierno de Castro a través de una comisión especial que había endurecido las requisas en las cuatro cárceles más problemáticas del sistema, incluida la de Támara, y había empezado a encontrar indicios de complicidad de altos oficiales de la PN en la corrupción carcelaria.

Como resultado de la masacre, la presidenta Castro destituyó a la comisión interventora, la única que había investigado la corrupción carcelaria, y volvió a poner al ejército a cargo de las prisiones. La cúpula policial no se quedó sin poder después de esos cambios: tras la matanza, sus altos mandos coparon las dependencias del Ministerio de Seguridad.

Esa cúpula policial nunca investigó a fondo los indicios de que habían sido los mismos policías quienes entregaron las armas y la gasolina que sirvieron para perpetrar la masacre. Incluso, de acuerdo con un oficial hondureño que ha estado al tanto de las investigaciones desde que estas arrancaron en junio hace dos años, hubo, desde el inicio, intentos de entorpecerlas. Por ejemplo: el Ministerio Público solo asignó un perito balístico para una escena inundada de casquillos y nunca dio seguimiento a la información de inteligencia penitenciaria que ya en marzo de 2023 advertía del ingreso de armas largas a la cárcel y de la preparación de “algo grande”.

La mujer, miembro del personal sanitario asignado a la cárcel de mujeres en Támara, llamó a una amiga poco antes de las siete de la mañana del 20 de junio. “Algo raro está pasando… Hay movimientos extraños y hay humo…”, advirtió la funcionaria por teléfono.

A esa hora, miembros de la comisión interventora de cárceles que la presidenta Castro había nombrado meses atrás participaban en una requisa en la prisión de Ceiba, en la costa atlántica del país, pero desde ahí sus miembros empezaron a monitorear lo que pasaba en Támara, unos 375 kilómetros al sur.

De lo que pasó después hay informes escritos por miembros de la inteligencia estatal y por oficiales del Ejecutivo hondureño, los cuales recogen testimonios y recolecciones dados en las primeras horas posteriores a la matanza, así como por testigos que se animaron a hablar semanas después.

De todos esos reportes y testimonios, a parte de los cuales Infobae tuvo acceso, se recoge que la reacción inicial de la Policía Nacional fue torpe y que hubo un intento del ejército por ingresar a Támara, el cual fue en inicio desechado. También, que la escena del crimen fue contaminada desde el principio. Aun así, los técnicos pudieron levantar decenas de casquillos esparcidos en el suelo de los recintos donde ocurrieron los disparos y las pandilleras del Barrio 18 prendieron fuego a las colchonetas.

La prueba balística tardó en procesarse por el poco personal que las autoridades designaron a la labor, pero, al final, el informe preparado por el personal forense de la fiscalía hondureña estableció, sin equívoco, la participación de armamento de uso exclusivo de la Policía Nacional en la masacre. Los cálculos que el perito balístico apuntó en el reporte es que entre el 94 y el 96% de los casquillos encontrados en el lugar donde se perpetró la masacre pertenecen al arsenal de la Policía Nacional; algunos de ellos están marcados con las letras PN y con los números de inventario asignados cuando la munición es almacenada.

El informe, dicen los oficiales hondureños consultados, fue enviado a las autoridades policiales y al Ministerio Público, pero no está claro si fue presentado como parte de la acusación en el juicio que el Estado de Honduras entabló contra las pandilleras del Barrio 18 imputadas como autoras materiales. Infobae intentó contactar a la dirección de la policía hondureña para recibir una reacción pero no hubo respuesta.

Cuando en enero pasado el MP pidió penas de entre mil y 1,200 años de cárcel para las pandilleras condenadas, la justicia hondureña dio por cerrado el caso. Gustavo Sánchez Velásquez, quien cuando ocurrió la masacre era director de la policía y luego fue nombrado ministro de seguridad por la presidenta Castro, había dado por enterrado el tema a finales de 2023, un año antes de la resolución judicial, cuando dijo que solo 15 pandilleras habían participado en la planificación de la matanza.

Al decir aquello, Sánchez Velásquez no tomaba en cuenta los reportes que sus propios investigadores le pasaban, en los que constaba el uso de munición policial y testimonios de informantes dentro de las cárceles que, semanas antes de la masacre, habían advertido de que en Támara se escuchaba que se preparaba “algo grande” y, en informes posteriores, que habían sido policías quienes entregaron armas y gasolina a las pandilleras.

La inteligencia penitenciaria recogida después de la matanza da cuenta de que esta fue planificada por tres líderes del Barrio 18 conocidos por sus alias de El Cuervo, El Pechocho y Lucifer. La idea inicial, de acuerdo con esa información, era dar un golpe más pequeño, matar solo a un puñado de reclusas de la MS13 en un ambiente controlado, con el fin de provocar inestabilidad en el sistema penitenciario hondureño. Ese plan ya contaba con la complicidad de policías y de guardias y empleados penitenciaros.

“El Barrio 18 dio una orden de provocar unas cuantas muertes de rivales de la MS13 para generar un escándalo. Iban a coordinarlo también con policías que entregaran armas y gasolina. A lo interno (en la cárcel femenina de Támara) lo coordinaron con una pandillera a la que llaman La Saico; le dijeron que matara y que hiciera un ‘vergueo’ (una revuelta)”, dijo a Infobae uno de los agentes hondureños que participó en la elaboración del informe y quien como la mayoría de los oficiales consultados para esta nota hablaron con condición de anonimato por razones de seguridad o por no estar autorizados por ley a comentar en público investigaciones aún abiertas.

“La Saico” es Claudia María Lemus Aceituno, una de las 12 pandilleras ya condenadas por la justicia hondureña, y para quien el MP ha pedido 1,268 años de cárcel.

Los supuestos instigadores de la matanza fueron Mario René Castillo Ávila, alias El Cuervo; Norlin Alcides Ardón Varela, alias Lucifer; y José Virgilio Sánchez Montoya, alias Pechocho. El último, Pechocho, fue uno de los líderes más visibles del Barrio 18 en Honduras desde principios de la década pasada. Pero fue Lucifer, de acuerdo con un informe de inteligencia elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras (INP), el que cultivó contacto con una agente del Estado en Támara que sirvió a los líderes de la 18 para llevar adelante el plan.

Un extenso informe del INP, escrito después de la masacre y etiquetado como INFOINTE-AOINP-01-2023, da cuenta en uno de sus apartados de la relación del Barrio 18 con miembros del personal penitenciario. El reporte dice que una agente identificada como Marlen Sobeyda Ariano López, “ingresó armas para facilitar la masacre”. La agente Ariano tiene dos hijos con un miembro del Barrio 18 identificado como Elvin Ramón Martínez Castillo, quien fue compañero de celda de “Lucifer”, uno de los supuestos planificadores de la matanza de mujeres en Támara. “Ella ingresaba a la Celda del ‘Lusifer’ (sic) para ofrecerle su apoyo”, dice el informe.

Una fuente cercana al Ministerio Público de Honduras confirmó que la investigación por la masacre arrojó indicios sobre la participación de los líderes del Barrio 18, pero no aclaró si estas pistas se incluyeron en el caso judicial contra las pandilleras que ya fueron condenadas.

“Pechocho”, “Lucifer” y “El Cuervo”, los tres líderes pandilleros que se supone planificaron la matanza con ayuda policial, estaban recluidos en el sector masculino de la cárcel de máxima seguridad en Támara. Ellos, sin embargo, no podrán aportar nada más a las investigaciones, si es que en realidad estas apuntaron alguna vez hacia ellos: a los tres los mataron en sus celdas el 18 de febrero de 2024 durante un incidente que las autoridades penitenciarias calificaron primero como reyerta y después como “sucesos aislados”.

“Es demasiado sospechoso todo. Las muertes de los tres líderes de la 18 cuando había indicios de que ellos habían planificado algo que se les fue de las manos y por eso hubo esa matazón. Y ellos tenían de cómplices a policías y eso lo sabían… Los mataron para que no dijeran nada”, dijo a Infobae uno de los agentes que ha participado en estas investigaciones.

Un año y medio ha pasado desde la masacre de Támara. Y unas semanas desde que un tribunal hondureño condenó a las autoras materiales de la matanza. Pero todo este capítulo, uno más en la historia de la corrupción que ha plagado al Estado de Honduras, sigue sin tener un cierre. En el aire quedan, aún, los indicios de que agentes de la Policía Nacional facilitaron las muertes al proporcionar armas y gasolina a las pandilleras, y la sospecha de que la cúpula policial encubrió todo al no investigar esos indicios, dados por agentes de las inteligencias policial y penitenciaria.

En las cárceles de Honduras, además, poco parece haber cambiado después de la matanza, que provocó un terremoto político en el gobierno de Xiomara Castro.

Pocas horas después de la matanza, la presidenta y sus asesores más cercanos, entre ellos su esposo, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, devolvieron el control de las cárceles a militares, premiaron al director de la Policía Nacional bajo cuyo liderazgo ocurrió la masacre, y deshicieron la comisión interventora, cuyas investigaciones habían arrojado información sobre cómo funciona la corrupción y la alianza entre el Estado y el crimen organizado en las cárceles hondureñas.

La interventora había descubierto, por ejemplo, que las autoridades penitenciarias y policiales toleraron la construcción de túneles en cárceles de máxima seguridad como Támara, que la corrupción judicial y penitenciaria permitió la salida de un reo acusado de asesinar a dos fiscales que habían investigado a narcotraficantes de alto calibre, entre ellos al expresidente Juan Orlando Hernández, o que el ingreso de armas, dinero y celulares ha sido negocio diario en el sistema con la complicidad de policías y militares.

Un caso investigado por la interventora ilustra el cuadro. Se trata de los asesinatos de las fiscales Marlene Jeannette Banegas Breven, Olga Patricia Eufragio Murillo y Cándida Rosa Osorto. Las dos primeras fueron asesinadas el 10 de octubre 2014. Las investigaciones iniciales de esos asesinatos no arrojaron demasiada información sobre los móviles, pero, en febrero de 2024, durante el juicio por narcotráfico al expresidente Hernández en Nueva York, uno de los testigos relacionó los homicidios al hecho de que la fiscala Banegas Breven tenía en su poder una memoria digital USB con información que relacionaba a Hernández con dinero del narco.

Uno de los condenados como autor materiales de los asesinatos es Denis Adalid Paguada Puerto, líder de la MS13, quien fue recluido en Támara por los crímenes. En 2021, sin embargo, Paguada recibió medidas sustitutivas de la prisión porque se venció el término de su detención preventiva sin recibir condena por otros crímenes de los que estaba acusado. Para lograr que su término venciera, el pandillero contó con la ayuda de una mafia de abogados, policías, funcionarios y custodios que le permitía no salir de su celda cuando los jueces lo llamaban a audiencia para certificar su encarcelamiento.

“Fuentes de la organización criminal de la MS-13 manifestaron que pagaron soborno millonario para que le dejaran vencer la prisión preventiva y así facilitar su liberación por el delito de asesinato. Se identifico al personal de Támara involucrados y del departamento legal que no agendaban la programación de las audiencias con el fin que se fuera pasando el tiempo, para que así venciera la prisión preventiva”, dice el mismo informe de inteligencia en el que se consigna la participación policial en la masacre perpetrada en la cárcel de Támara en junio de 2023.

No hay indicios, por ahora, de que esas mafias hayan sido desmanteladas en el sistema carcelario hondureño, o de que haya sido neutralizada la complicidad estatal que permitió, hace un año y medio, la masacre que costó la vida a las 46 mujeres que murieron atravesadas por balas de la Policía Nacional o quemadas con gasolina que entró a la cárcel con la venia de agentes policiales.