Han pasado tres semanas desde la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, para vislumbrar un futuro universal de paz y seguridad o, una tormenta de desaciertos, que podrían hacer temblar el planeta en temas relacionados con la protección de datos personales sensibles, la ayuda humanitaria y la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos que dirige Elon Musk estrecho colaborador de Donald Trump, es un talento indiscutible en el desarrollo y éxito de sus empresas, pero en el tablero internacional no tiene la experiencia política en la administración pública y, esto es, lo que puede conducir a un escenario de cuestionamientos prematuros desde el frente de los demócratas, y el debilitamiento de la Administración federal, en el segundo periodo de Trump.
La evolución tecnológica y la globalización han situado los datos personales que circulan por internet y las redes sociales en un lugar preeminente, y en una sociedad hiperconectada, donde una buena parte de las relaciones comerciales, laborales, sociales y personales están supeditadas a la RR.SS., los datos son una mercancía especialmente valiosa. Pero abrir las puertas a las fuentes de datos personales registrados en la administración pública sin autorización legal, no parece la mejor manera de proteger los datos y garantías de los derechos digitales de los ciudadanos del país.
La administración pública tiene la obligación de permitir la libre circulación de los datos y también el deber de preservar los datos personales sensibles, de manera que su uso y tratamiento no sea fraudulento o riesgoso para los intereses institucionales y de los ciudadanos en general. Elon Musk forma parte de la estructura organizativa federal y bajo ese estatus de director de DOGE, las medidas que adopte con la aprobación del presidente Trump, deben estar enmarcadas a la Ley de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales. Aún así, se quiera o no reconocer, cabe siempre un mínimo de riesgo de que los datos custodiados en el sector público sean utilizados para propósitos distintos a su obtención, manipular el electorado o para degradar la vida democrática u otro tipo de intereses por ejemplo.
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Sobre el tema tratado, el Juez federal del Estado de Washington Juan Paul A. Engelmayer a instancia de fiscales generales de 19 estados de los EE.UU., que alegaron que el gobierno de Donald Trump, el Departamento del Tesoro, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y Elon Musk director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, violan la ley al ampliar el acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro al personal del DOGE.
Los denunciantes afirman que, esto se debe tanto, al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes de la piratería informática. Consideran que ese acceso sin restricciones a los sistemas de pago de BFS a “al menos un trabajador de DOGE de 25 años” que tenía la “autoridad de ver o modificar numeroso archivos críticos”. Este acceso “genera enormes riesgos de ciberseguridad, incluido riesgos para los Estados y sus habitantes, de que su información sea utilizada y procesada, sin verificación, de una manera no permitida por la ley federal”.
El fiscal general del Estado de Nueva Jersey, Matthew Platkin dijo el viernes 7 de febrero que Trump “ha permitido que un millonario que no fue elegido popularmente se infiltre en agencias federales clave y sistemas que almacenan números de seguridad social, información bancaria y otros datos extremadamente sensibles para millones de personas”.
La orden de emergencia del juez federal de Manhattan, impide que el nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental, dirigido por el magnate Elon Musk y sus colaboradores acceda a los datos personales y financieros de millones de estadounidenses almacenados en el Departamento del Tesoro. En concreto, esta prohibición emitida por el juez Engelmayer se refiere al acceso a los sistemas de pago y otros datos del sistema estadounidense a “todos los cargos políticos”, así como a “todos los agentes especiales del gobierno” y a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo” al Departamento financiero.
El carácter restrictivo de la orden judicial del juez es temporal, válida en sus efectos hasta que se realice la audiencia el 14 de febrero, ocasión en la que se definirá el caso demandado. Asimismo, se establece que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia, el 20 de enero, debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias de material descargado”.
Antes que salte la tapa de la olla, Elon Musk ha denunciado el sábado 8 de febrero, la existencia de “pagos fraudulentos” por un valor estimado de 50.000 millones de dólares anuales dentro del sistema de prestaciones sociales en e Departamento del Tesoro estadounidense. Estos pagos se realizan sin ninguna verificación de los beneficiarios, por lo que propone reformas para la transparencia en los gastos gubernamentales. Afirma, que el Departamento del Tesoro destina más de 100.000 millones de dólares al año por concepto de prestaciones a personas que no cuentan con un número de seguro social ni con una identificación temporal válida. Tras consultar con funcionarios del Tesoro, Mus señala que “aproximadamente la mitad de esta cifra” corresponde a fraude, situación que ha calificado de “locura total”. Este nuevo elemento ayudará al juez Engelmayer para dictar su decisión final el 14 de febrero.
Lo importante es que las autoridades independientes que velan por el cumplimiento de la ley de garantías de datos personales, tendrán en lo administrativo que activar los mecanismos de vigilancia y estar muy atentas ante cualquier anomalía de otros entes del Estado, sin que para ello sea necesario el control judicial, salvo evidencias de manipulación de datos reservados y sensibles con finalidades en su uso que representen violación a los derechos fundamentales de las personas.
Los temores se incrementan a medida que las decisiones de Donald Trump se orientan en reducir el gasto público y reconducir la política exterior de la diplomacia estadounidense. Así por mencionar, un juez bloqueó un decreto que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el territorio de Estados Unidos por considerarla ilegal y contra el derecho internacional de los Derechos Humanos. Otro juez suspendió un ultimátum dado a más de dos millones de funcionarios para que decidan si dimiten a su cargo, con ocho meses de sueldo como indemnización (Decisión judicial 06-02-25). La afectada en este último caso es USAID que distribuye ayuda humanitaria a nivel mundial.
El gobierno ordenó el regreso de miles de empleados de USAID que trabajan en el extranjero y comenzó a reducir la planilla de 10 mil empleados hasta unos 300. El recorte es cuestionado por sindicatos públicos, algo similar a los movimientos sucedidos en Argentina.
USAID fue creada por el presidente de EE.UU., John F. Kennedy, en 1961, para centralizar la ayuda internacional estadounidense. Es una de las agencias de ayuda más grande del mundo y trabaja en más de cien países para promover el crecimiento económico, los derechos humanos y la salud a nivel universal.
La organización mencionada recibió en 2023 más de 40.000 millones de dólares. Los beneficiarios de las ayudas fueron: Ucrania, Etiopía, Jordania, República Democrática del Congo y Somalía, entre otros.
Los programas de ayuda alimentaria estuvieron dirigidas a regiones golpeadas por la hambruna en Sudán, el suministro de libros de texto para niños desplazados por la guerra en Ucrania, la retirada de minas y la contención del virus del ébola en el continente africano o la colocación de prótesis a los mutilados por la guerra en Ucrania y proyectos para combatir enfermedades como el sida, la malaria y Covid. Asimismo, se ha difundido que la cobertura haya llegado a cirugías de cambio de sexo, versión que tomará su tiempo para establecer la verdad.
Donald Trump dijo el domingo pasado que USAID “está dirigida por un puñado de lunáticos radicales y los estamos echando”. De otro lado, el Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que asumirá el cargo de director en funciones de la agencia, y criticó que USAID haya funcionado “al margen de las directrices del gobierno, acusó a sus responsables de “insubordinación” y afirmó su continuidad pero bajo un mayor control, remarcó que sus funciones tienen que estar alineadas con la política exterior del país. Por tanto, no se trata de una desaparición de USAID, sino de un cambio necesario en la filosofía y de hacerla más eficaz en interconexión con las políticas federales.
Paul O Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos dijo que la súbita desaparición de la agencia “pondría los derechos de millones de personas en el mundo en mayor riesgo”.
Entre otra de las medidas que ha generado un remezón, se encuentra la orden ejecutiva de Trump de 6 de febrero, que anuncia restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos (donde está la sede central de la ONU) a individuos de la Corte Penal Internacional (CPI), así como a su familia incluida (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del Tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. De ser así, se estaría en contra de la orden de arresto emitida por la CPI contra el primer ministro de Israel, Benjamín Natanyahu y su exministro de Defensa, Joab Galant por crímenes de guerra.
En relación al anuncio de la medida, las voces de críticas no se han dejado esperar. Una declaración conjunta firmada por 79 países de apoyo a la Corte Penal Internacional, en un momento sin precedentes en que se encuentra atacada por las sanciones del Gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, los líderes afirman que esta medida acrecienta los riesgos de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con erosionar el imperio de la ley internacional. Las sanciones pueden poner en peligro la confidencialidad de informaciones delicadas y la seguridad de los afectados incluyendo víctimas, testigos y miembros de la Corte. Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad (y) subrayamos, y su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley, fomentar el derecho duradero por los derechos humanos.
Siguiendo este orden, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió que se permita a la Corte Penal Internacional trabajar “con plena independencia”, tras la orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de febrero, para sancionar a tribunales.
El recorte de presupuesto a la planta administrativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), ha provocado una convulsión en las actividades investigativas por supuesta violación de derechos humanos que conocen y llevan adelante sus miembros, con relación a las muertes en manifestaciones masivas en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia. Ciertamente, que la Comisión IDH y la Corte IDH no deben actuar a remolque, cuando la violación a los derechos humanos se torna sistemáticos, selectivos, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no pueden quedar impunes, y las víctimas sin ninguna indemnización moral y material.
Milagros Pérez Oliva dice: “Si la política no es capaz de ofrecer expectativas a quienes se sienten desamparados por la globalización y la pérdida de capacidad del Estado para resolver los problemas, habrá más malestar y más antipolítica”. Pero, Creemos que lo más importante es conjurar lo peor, defender las conquistas del pasado, preservar una democracia que día a día se vacía un poco más de sustancia. Habrá grandes cambios: hay que prepararse con optimismo para ello, pero unidos programáticamente con los mejores ciudadanos.
Pedro Gareca Perales