El representante de la minera Salvada, también enfatizó que la empresa tiene una trayectoria de más de 50 años, anteriormente bajo el nombre de Avicaya Limitada, antes de cambiar su razón social a Salvada Sociedad Colectiva.
Fuente: ANF / La Paz
La empresa minera Salvada, representada por Iver Huaylla, sostiene que su actividad en la región ha sido constante por décadas y que la consulta previa en curso no es más que un formalismo. Sin embargo, desde la Comunidad de Totoral Chico, su secretaria general, Mari Luz Ventura, denuncia el avasallamiento de tierras de pastoreo por parte de la compañía.
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“Nosotros estamos haciendo operaciones, siempre hemos trabajado, estamos trabajando, nunca hemos dejado de trabajar”, declaró Huaylla a ANF. Según el representante legal, la empresa cuenta con los permisos correspondientes otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), por lo que la consulta previa en curso no afectaría la continuidad de sus operaciones.
En este sentido, Huaylla afirmó que “evidentemente estamos en consulta previa, pero esta es una empresa preconstituida de años, y nosotros hemos trabajado ahí y seguimos trabajando normal, el tema de la consulta previa es solo por cumplir”.
El representante también enfatizó que la empresa tiene una trayectoria de más de 50 años, anteriormente bajo el nombre de Avicaya Limitada, antes de cambiar su razón social a Salvada Sociedad Colectiva.
La comunidad denuncia que las operaciones de la minera han ingresado a tierras de pastoreo y cultivo sin autorización. “Eso está saneado por el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) en 2011, de dos formas: como área cultivable y área de pastoreo común, pero los mineros en abril de 2024 ya han afectado al pastoreo común, de donde toda la comunidad es dueña”, señaló Mari Luz Ventura en entrevista con ANF.
Ventura denunció que en el área de Zumbita, maquinaria pesada de la empresa Salvada ingresó a un predio asignado a Hugo Ventura, un comunario de tercera edad, sin su consentimiento.
“Nuestro saneamiento es colectivo, pero dentro de nuestra organización tenemos nuestros territorios ya parcelados. Conocemos nuestros puntos y esa parcela está dentro del área cultivable”, precisó.
La dirigente comunitaria también aseguró que la empresa ha incurrido en acciones ilegales, dado que “estamos en un trámite administrativo y ellos no pueden tocar el territorio hasta que la AJAM les dé su documento”. Según su relato, el 20 de mayo de 2024 la empresa ingresó de manera similar a la propiedad, lo que generó acciones penales en contra de los mineros, repitiendo la acción recientemente. “Ayer ellos han ingresado a la mala, otra vez”, aseguró.
Ventura señaló que, tras denunciar la situación, solicitó la presencia de la Policía para detener la maquinaria, pero las amas de casa de los mineros y un representante de la mesa directiva de la empresa Salvada se opusieron.
Según su testimonio, Ana Atanasio, representante de las amas de casa de los mineros, afirmó que “la máquina va a seguir trabajando porque nuestros representantes legales Iver Huaylla y Nelson Atanasio han dicho que metamos la máquina”.
La dirigente comunitaria denunció también que, durante la intervención para documentar los hechos, Reymi Magne, parte de la mesa directiva de los mineros, intentó impedir la grabación. “Vino a querernos quitar las cámaras, a tapar, para que no grabemos, nos ha agredido físicamente a empujones y las señoras de forma verbal”, afirmó Ventura.
En respuesta a las denuncias, Huaylla desestimó las acusaciones de avasallamiento y aseguró que las tierras en disputa pertenecen históricamente a la empresa minera. “Si evidentemente era pastoreo, nunca se les ha visto por esos lugares a esos señores. Su papá (Hugo Ventura) tiene más allá sus terrenos, pero no estamos afectando en ningún momento su lugar”, sostuvo.
El representante de Salvada insistió en que el sector en disputa ha sido tradicionalmente una zona minera y que las denuncias provienen de un grupo reducido de personas con intereses particulares.
“Mari Luz Ventura está hablando a nombre de una comunidad cuando realmente son dos o tres familias que están ahí metidas, nada más, con intereses personales”, afirmó.
Añadió que la mayoría de las comunidades aledañas, vinculadas al distrito de Avicaya, están alineadas con el sindicato minero. “Ya hemos tenido reuniones, mesas de trabajo y se ha quedado claro que ese sector es exclusivamente área minera, no es como ellos indican que es área de pastoreo o área agrícola”, concluyó Huaylla.
Mientras la disputa continúa, la comunidad de Totoral Chico exige la intervención de las autoridades para garantizar el respeto al proceso de la consulta previa y la protección de sus tierras y la integridad física de los comunarios que ya fueron agredidos anteriormente. Entretanto, la empresa minera Salvada mantiene sus operaciones, respaldada en los permisos obtenidos y en su larga trayectoria en la región.
/ANF/