La mayoría de las víctimas perdió la vida a causa de heridas por arma blanca, aunque uno de los casos involucró un disparo, lo que generó un fuerte cuestionamiento sobre la seguridad.
Fuente: Opinión
El escenario de muertes en las cárceles se convirtió en un foco de preocupación en Bolivia. En solo 34 días de 2025, se reportaron ocho decesos violentos, mientras que en todo 2024 se registraron nueve, lo que evidencia la creciente violencia contra personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.
El último caso, un doble asesinato, ocurrió en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro en Viacha, La Paz, considerada la prisión de máxima seguridad de Bolivia. La mañana del martes 4 de febrero, al llamar lista, detectaron la ausencia de dos internos, Guido Ch.T. (23 años) y José Ch.M. (50). Ambos fueron encontrados muertos en una celda del Bloque C, con signos de violencia, pues un cuchillo se utilizó para acabar con sus vidas. Uno de ellos cumplía condena por robo y el otro por violación; ambos habrían fallecido durante la noche.
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El doble crimen, junto a otros dos casos ocurridos en la misma cárcel, provocó esa misma tarde el despliegue de un importante número de policías que requisaron la cárcel de máxima seguridad. Allí encontraron cuchillos artesanales, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, drogas y otros objetos prohibidos en el interior de una prisión. Además, las autoridades decidieron implementar cambios, como el relevo de todo el personal, y reforzar la seguridad.
Todo esto ocurrió en medio de cuestionamientos, ya que nueve días antes, el 26 de enero, en el mismo recinto carcelario, otro interno, Nabor López H., señalado como líder de una banda dedicada al secuestro en el Trópico de Cochabamba, fue asesinado. El autor del crimen, un privado de libertad de nacionalidad brasileña, utilizó un arma de fuego para cometerlo. Este reveló que un policía le vendió el arma cinco días antes por 4.000 bolivianos, lo que desató un proceso que culminó con la baja del efectivo de la institución del verde olivo.
Según los hechos, en orden inverso, el siguiente suceso ocurrió en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, donde se registró un feminicidio seguido de suicidio. Isabel A., de 45 años, ingresó al penal el domingo 12 de enero como visita de su expareja, Jaime López C., de 46, recluido por tentativa de feminicidio. Al finalizar el horario de visitas, los efectivos notaron que quedaba un carnet, por lo que comenzaron a buscar a la mujer, hallándola muerta, al igual que su expareja. Ella murió por asfixia mecánica, mientras que él perdió la vida por estrangulación.
El 3 de enero, un privado de libertad, sindicado de robo, murió de forma violenta en el Centro de Readaptación Productiva (Ceprom) Montero, en Santa Cruz. Su esposa denunció que la víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, lo que indicaba un estado diferente al que tenía al ingresar, por lo que otros reclusos están siendo investigados.
Ese mismo día, otro privado de libertad, Rubén A.M., de 36 años, fue asesinado a puñaladas en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz. Dos internos, William F.V. y Jorge L.G.A., de 25 y 30 años, fueron imputados por homicidio. El crimen ocurrió la noche del jueves 2 de enero. Un policía escuchó ruidos provenientes de una celda del Bloque B y, al acercarse, un interno le informó de una pelea. Al llegar, encontró a uno de los imputados tendido en el piso, mientras que la víctima yacía en el baño, sin signos vitales y con varias heridas punzocortantes en el cuerpo.
La primera muerte a consecuencia de violencia en una cárcel ocurrió el 2 de enero en Morros Blancos, Tarija. El día anterior, un privado de libertad, de 35 años, fue evacuado al hospital debido a una herida por arma blanca. Estaba en terapia intensiva en el hospital San Juan de Dios, donde murió. Dos internos fueron imputados por el crimen.
Estos casos llevaron a un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que instó a las instancias competentes a asumir “acciones prontas y favorables que optimicen los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios”. Para la institución defensorial, entre estas ocho muertes existe el “agravante cualitativo de una muerte por arma de fuego, que marca un hito negativo en temas de seguridad al interior de las cárceles y puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas”.
En respuesta a esta posición y a la de otros, como analistas y ciudadanos, las autoridades calificaron los hechos como “aislados”. Al respecto, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que “no perdieron el control en las cárceles”, ya que, en su criterio, los índices de violencia en los recintos penitenciarios son los más bajos de la región. No obstante, coincidió en que deben tomar medidas para mejorar, considerando que en las cárceles de máxima seguridad existen sicarios, a los cuales asegura tener bajo control, aunque reconoció que hay situaciones que requieren refuerzo. Acotó que se fortalecieron los controles internos, protocolos de seguridad y se aplicaron medidas drásticas contra cualquier intento de desestabilización.
“La seguridad y el orden en las cárceles de Bolivia están garantizados. No permitiremos ningún hecho que vulnere la paz y la disciplina dentro de los recintos penitenciarios. Seguiremos implementando acciones contundentes para mantener el control y prevenir cualquier situación irregular”, manifestó.
Para el director nacional de Seguridad Penitenciaria, Rodolfo Machicado, son diversas las circunstancias que originan violencia en las cárceles, como el grave hacinamiento. Más del 60% de la población carcelaria se encuentra con detención preventiva, sin sentencia. Ejemplificó que los internos se pelean por espacios para dormir, por comida, ya que uno le roba al otro, por baños y duchas, e incluso porque su compañero de celda ronca demasiado. Considera que esos factores también incrementan los niveles de agresividad, pero, al mismo tiempo, aseguró que continuarán trabajando para fortalecer la seguridad tras las rejas.
Fuente: Opinión