Dos activistas, que en mayo del año pasado participaron en una protesta en favor de las mujeres de Palestina en la estatua de las heroínas de la Coronilla, fueron imputadas por la Fiscalía por el delito de “destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional” que, según el Código Penal, se sanciona con una pena de uno a seis años de cárcel, en un caso que es seguido por la Alcaldía de Cochabamba.
Fuente: Sumando Voces
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En medio de esta acción, diversos colectivos y activistas encaran una campaña de apoyo a las mujeres acusadas, exigiendo que la Alcaldía, al mando del ahora candidato presidencial Manfred Reyes Villa, cese la persecución penal en contra de estas activistas puesto que la protesta, según explican, no provocó ningún daño al monumento, pues únicamente consistió en colocar la bandera de Palestina, tres pañuelos verdes y unos carteles.
“Este proceso, que es en realidad una persecución judicial y criminalización de la solidaridad con Palestina y con la vida de las mujeres, debe ser desestimado en todas las instancias y por todos los actores. Exigimos que el GAMC (Gobierno Municipal) cese con sus acusaciones y se retire del proceso y exigimos que el fiscal desestime el caso”, señala un pronunciamiento que publicado en la página de Facebook del colectivo Manuela.
Este medio habló con una de las acusadas, cuyo nombre se mantiene en reserva el acoso digital, pero convencionalmente la llamaremos Julia para conocer su testimonio.
Julia explica que la intervención no causó daños a la estatua, “porque es una estatua que representa la lucha de las mujeres de esta tierra en las guerras coloniales, de mujeres que en su momento dieron su vida, como las mujeres de Palestina están dando su vida para proteger sus casas, su vida, su tierra”.
Hay que recordar que Palestina estuvo bajo ataque de Israel en una guerra que ha dejado miles de muertos. El Gobierno palestino haba de 50 mil víctimas, aunque hay estimaciones superiores. La ONU señala que el 70% de los muertos son mujeres o niños.
Julia cuenta que el día de la protesta, la Alcaldía llamó a la Policía, pero ésta dejó libres a las mujeres porque no había ningún daño en el monumento. Sin embargo, la Alcaldía, concretamente, el departamento de culturas, a cargo de Miguel Fajardo, interpuso una denuncia penal y las mujeres fueron convocadas a una declaración informativa en septiembre del año pasado, es decir, cuatro meses después del hecho.
Entonces empezó un calvario para cuatro mujeres que fueron sometidas a la etapa preliminar en la que, según Julia, se aceptaron las pruebas de la Alcaldía, pero no así las presentadas por las activistas, pese a que se hicieron peritajes de personas especializadas en los que se prueba la inexistencia de daño en el monumento, aunque eso se puede comprobar a simple vista, dice Julia.
En principio, las mujeres indagadas eran cuatro y los delitos por los que estaban acusadas eran tres, entre ellos asociación delictuosa y apología del delito, sin embargo, la imputación de la Fiscalía solo es contra de dos mujeres y por un solo delito: deterioro de los bines públicos.
Julia se declara frustrada y asegura que el desgaste emocional y económico sufrido es grande porque no solo debe soportar las citaciones, la campaña de desprestigio, sino que debe pagar abogados y otros gastos para defenderse.
Aclara que la protesta no fue contra el monumento, tampoco contra la Alcaldía ni contra el Gobierno, sino, en favor de las mujeres de Palestina y de las mujeres en general.
“Nos resulta increíble los recursos, el tiempo, la entereza que le está poniendo tanto la Alcaldía como la Fiscalía a este caso (…) para perseguirnos a nosotras pareciese que todo funciona perfectamente, ser hacen actuaciones, la policía está presta, la municipalidad se encarga de llevar, de traer…”, señala y recuerda que en la mayoría de los casos es la gente la que debe costear esos costos.
“Estamos en esto desde septiembre del año pasado, fue muy cansador en términos emocionales y económicos, no solamente el gasto en abogados, sino en los peritos, en las fotocopias, en los actuados policiales”, dice la mujer imputada.
Cuando este medio pidió acceder a la contraparte, el director de Comunicación de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, remitió un comunicado que, según dijo, fue publicado el año pasado, en el que señala que esa institución no emitirá pronunciamientos porque el caso está en manos de la justicia.
“Todos los antecedentes y actuados han sido remitidos a la Fiscalía, instancia encargada de conducir el procedimiento conforme a la normativa legal aplicable. En ese sentido, al encontrarse el caso en manos de la justicia, el Gobierno Autónomo Municipal no puede emitir pronunciamientos sobre el desarrollo del proceso ni sobre las determinaciones que puedan surgir en el mismo”, indica el comunicado.
Finalmente, la Alcaldía reafirma su compromiso “con la preservación del patrimonio cultural y el respeto al debido proceso, confiando en que las autoridades competentes llevarán adelante las investigaciones y decisiones correspondientes en el marco de la ley”, según la nota.