Ante el paro movilizado que los actores de la cadena productiva enfilan para este lunes, el viceministro Jorge Silva señaló que no se puede derogar una normativa con rango de ley.
Fuente: Unitel
En medio de los anuncios de paro movilizado que los actores de la cadena productiva enfilan para este lunes en rechazo a la disposición adicional séptima de la Ley Financial, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló que el Gobierno no puede derogar este apartado y no pasa por un tema de voluntad política.
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“No es por una falta de voluntad política, sino porque sencillamente (el Gobierno) no puede derogar, abrogar o modificar una normativa con rango de ley, que a propósito es una necesidad para el país. Esta disposición séptima no se la ha concebido para controlar o fiscalizar a los industriales o al comercio minorista porque ya hay normativa para que el efecto”, indicó.
Diferentes sectores anunciaron movilizaciones contra esta disposición, advirtiendo que contempla decomisos y confiscaciones si las instancias estatales consideran que el precio de un producto es elevado y exponiendo que atenta contra la seguridad jurídica del sector privado.
“Se ha concebido esta normativa para luchar contra el contrabando a la inversa. Por eso nos extraña esta medida de sectores, tanto del sector gremial como del sector empresarial, que no sabemos si están defendiendo a los contrabandistas o tienen fines políticos, pero en realidad lo que menos están haciendo es defender la economía del pueblo boliviano”, agregó Silva.
Según Silva, se requieren normas para luchar contra el contrabando a la inversa, ya que hay vacíos jurídicos y con la disposición séptima se apunta a tener un procedimiento donde se señale cuál va a ser el rol de las instituciones del Estado, cuál va a ser el procedimiento del control y fiscalización contra este ilícito y cuál va a ser el destino del producto que se va a decomisar.
“No hay una normativa que te diga que tienes que destruir o que tienes que entregar a Emapa (…) Tenemos que construir esa normativa que nos permita un mejor control y fiscalización a todos aquellos actores de la comercialización que acumulan y almacenan productos no para vender en el mercado interno, sino para el contrabando a la inversa”, apuntó.