“Este tipo de actitudes demuestran un abuso de autoridad. La libertad de prensa y expresión tiene que mantenerse no solamente para los periodistas, sino para todo ciudadano”, dice el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Novillo.
Fuente: Brújula Digital
Periodistas repudiaron la orden de detención preventiva de dos meses contra el tiktoker Rubén Blanco, acusado de incitación al racismo por sus comentarios contra la danza de los mineritos, al considerar que esta decisión atenta contra la libertad de expresión.
En julio de 2024, Blanco hizo comentarios despectivos sobre la danza en el marco de una entrada en El Alto. Este viernes, se conoció que la justicia determinó enviarlo al penal de San Pedro de La Paz con dos meses de detención preventiva; sin embargo, su abogado, Jhonny Casas, informó que su defendido se declaró en la clandestinidad.
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Críticas a la decisión judicial
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Novillo, rechazó la determinación judicial y señaló que “este tipo de actitudes demuestran un abuso de autoridad. La libertad de prensa y expresión tiene que mantenerse no solamente para los periodistas, sino para todo ciudadano”.
Novillo recordó que la Constitución Política del Estado defiende la libertad de expresión, excepto cuando se afecta la dignidad de las personas.
“Y en este caso no se ha afectado la dignidad, es simplemente un comentario que ha hecho un muchacho respecto a una danza folclórica. Inaudito que se abusen de esta manera sus derechos y se vayan a al extremo de coartar el poder expresar ideas y, nada menos, encarcelarlo”.
Mery Vaca: es un precedente funesto
La exdirectora de Página Siete, Mery Vaca, calificó la decisión judicial como un “precedente funesto” para la libertad de expresión y la democracia. Si bien expresó su desacuerdo con las declaraciones de Blanco, enfatizó que se debe proteger el derecho a expresar ideas.
“Por eso, me parece que no podemos permitir, no podemos dejar pasar un atropello de esa naturaleza. Si bien existe una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, considero
que se está utilizando para penalizar a las personas con las que no se está de acuerdo”.
Peñaranda: la libertad de expresión es un derecho fundamental
El director de Brújula Digital, Raúl Peñaranda, también lamentó la orden de detención preventiva por criticar una danza folclórica y subrayó que la libertad de expresión “es un derecho fundamental que debe ser respetado, incluso cuando las opiniones sean controvertidas o desafíen las tradiciones establecidas”.
Considera que responder con medidas punitivas ante una opinión contraria solo genera un clima de intolerancia que limita el intercambio de ideas y atenta contra el derecho de cada individuo a su libertad de expresión.
“Es otra barbaridad de jueces y fiscales, que se han convertido en los actuales paramilitares de la política boliviana”.
Andrés Gómez: la sanción es desproporcional
El periodista y abogado Andrés Gómez indicó que la sanción es desproporcional y sostuvo que la conducta de Blanco “no es sistemática ni busca la comisión de un delito”.
Recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Handyside, señala que el derecho a la libertad de expresión “(…) es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”.
El caso
En julio de 2024, Blanco publicó un video en su cuenta de TikTok donde declaró: “(Los mineritos) son una vergüenza para Bolivia, demuestran suciedad, esa danza de los mineritos es mugrosa, ‘mugrosísima’. Yo jamás bailaría esa danza. Que me mencionen en esas danzas es un insulto. Es una danza de ropavejeros, de basureros, de recoge basura”.
La Gobernación de Potosí, días después, lo denunció por discriminación, pero Blanco en vez de pedir disculpas dijo que quienes denunciaban eran “insignificantes”.
“No les voy a hacer caso, voy a seguir diciendo lo que yo quiera”, advirtió Blanco. “Hable de la danza, no de los trabajadores nide Potosí. ¡Viva la libertad de expresión!”.
El caso derivó en dos procesos judiciales. En Potosí, un juez determinó arraigo, fianza juratoria y presentaciones periódicas en la Fiscalía de El Alto. No obstante, en la segunda causa, la justicia alteña ordenó la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
BD/JA