A título de «policía sindical», grupos de personas controlan el tránsito peatonal y vehicular en el Trópico de Cochabamba para evitar que el expresidente Morales sea aprehendido.
Fuente: ANF
El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gualberto Arispe defendió este martes la conformación de una “policía sindical” para resguardar al expresidente Evo Morales en el Chapare, Cochabamba, pese a que la normativa boliviana sólo reconoce a la Policía Boliviana como la única institución para el control del orden interno.
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“Es una policía sindical organizada por nuestros hermanos. En nuestro criterio, es legal; en los congresos y ampliados nos organizamos. Si es un congreso de la Federación, hay delegados que se constituyen para resguardarlo; en este caso, es una vigilia para resguardar la vida del hermano Evo. Por supuesto, están muy organizados”, declaró Arispe a la ANF.
El parlamentario señaló que también hizo vigilia para evitar que la Policía Boliviana haga cumplir la orden de aprehensión contra Morales, dentro del proceso penal por involucrarse con una adolescente de 15 años en 2015.
“¿De quién nos estamos cuidando? De infiltrados, policías y militares están rondando por ahí; ante eso, por supuesto que hacen el control minucioso y fuerte (del tránsito peatonal y vehicular), eso no lo vamos a negar. Es más, va a haber mayor control y rigurosidad para que estos señores no puedan cumplir su objetivo (de aprehender a Evo)”, señaló Arispe.
Grupos organizados resguardan al expresidente Morales, quien se refugia en el Trópico de Cochabamba. Las personas están armadas con palos, escudos y pusieron cercos en las carreteras para evitar que circulen las personas libremente.
En varias oportunidades, advirtieron por canales digitales del evismo con colgar al “palo santo” a cualquier infiltrado del Gobierno; lanzaron serias amenazas, incluso de muerte.
La diputada de Comunidad Ciudadana Lissa Claros sostuvo que se trata de “guerrillas armadas”, ubicadas donde no prevalece el Estado de derecho ni se cumple la Constitución Política del Estado que establece la libre circulación de los bolivarianos en el territorio nacional.