Los periodistas del resto del país determinaron cubrir el Carnaval de Oruro sin pagar por las credenciales del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de ese departamento. Esta institución y otras insisten en los cobros.
Fuente: https://www.vision360.bo
En respuesta al pronunciamiento de 14 asociaciones de periodistas del país, que rechazaron “la exacción ilegal” que pretende imponer el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), diversas organizaciones del gremio de Oruro cerraron filas en torno a la obligatoriedad del pago para acreditar a los medios que cubrirán el Carnaval de Oruro 2025. En un comunicado, la Asociación de Periodistas y Productores Independientes, la Asociación de Periodistas de Oruro y el Colegio de Comunicadores apoyaron al ente sindical.
Este viernes, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las nueve asociaciones departamentales de periodistas; la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI): la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CFTPB) y sus representaciones departamentales; y la Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz se reunieron y decidieron que cubrirán la entrada del Carnaval orureño (sábado 1 de marzo) sin las credenciales del STPO.
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De esta manera, en el pronunciamiento se especifica que los reporteros planean «asistir y realizar la cobertura de este importante acontecimiento sin pagar ninguna suma a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro quienes, en contradicción con su mandato, intentan silenciar a periodistas y trabajadores de la prensa”, señala uno de los puntos resueltos.
El ente sindical orureño exige, como requisito para inscribir al periodista que cubrirá el evento, el pago de 230 bolivianos. Esto fue considerado antiético, primero por la ACPI y después por el resto de las instituciones, además de abusivo y que va en contra de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la difusión de las fiestas que formen parte de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por su parte, los trabajadores de la prensa nacionales deberían pagar 130 bolivianos, mientras que los orureños, 20.
Así, el día de la entrada los periodistas de otras regiones, además de los corresponsales de medios y agencias internacionales, acudirán al evento solo con la credencial de sus medios. «No nos cobran ni cuándo vamos a cubrir eventos como conciertos o partidos de la Copa América y el Mundial. Lo que hace el STPO es como si los paceños cobráramos a los orureños por cubrir la Alasita o Gran Poder», manifestó Gabriel Romano, presidente de la ACPI.
Sin embargo, las instituciones de la prensa orureña cerraron filas en torno a la exigencia del pago de credenciales. Durante el transcurso del viernes emitieron dos comunicados, reafirmando la obligatoriedad de pagar por las credenciales para que sus colegas de otras regiones puedan «acceder a los puntos de prensa».
Asimismo, atacaron a los grupos que rechazan aceptar los cobros e, incluso, aludieron a una campaña mal intencionada de «algunas organizaciones nacionales que han intentado difundir información falsa sobre supuestas restricciones al acceso de los periodistas».
Según los mensajes, el adquirir las credenciales otorga al comprador una cinta identificativa para la prensa acreditada; un seguro de vida, supuestamente provisto por la empresa Univida; el acceso a una sala de prensa que se dispondrá en los ambientes del STPO, con acceso al Wi Fi institucional; un souvenir; la presencia de seguridad privada en los cuatro espacios destinados al gremio y cuatro seminarios de capacitación, los cuales serán presenciales y que también se transmitirán por las redes sociales de las cuatro instituciones de la prensa orureña.
Curiosamente, el último punto es conflictivo, ya que en la lista de requisitos para la credencial se encuentra la presentación obligatoria de un certificado de participación en uno de dichos cursos. «Es importante capacitarnos», dijo la secretaria ejecutiva del sindicato, Estela Llanque Ferrufino.
La convocatoria para presentar los requisitos, y el pago del monto exigido, se amplió al 21 de febrero, supuestamente a pedido de los periodistas orureños.
En la noche, medios como La Patria transmitieron una conferencia de prensa, en la que Llanque reafirmó que se mantendrá la determinación y los «beneficios» que tiene realizar el pago. Sin embargo, dijo que los periodistas no acreditados no podrán entrar a los espacios de la prensa, ni a la ruta para conseguir imágenes.
Es más, dijo que si no tiene el documento que extiende su organización «podrán trabajar como mejor puedan», aunque sea comprando un asiento como espectadores. Pese a las limitaciones que mencionó, aseguró que «no se vulnera la libertad de prensa».
Previamente Llanque incluso aseguró que los cobros se hacen desde hacía varios años atrás y que «antes no hubo problemas». Pero, Romano y periodistas culturales de otros departamentos recordaron que comenzaron en 2022 y que el precio fue subiendo sin explicación de año a año. Asimismo, las asociaciones que se manifestaron en contra de la medida recordaron que el reclamo no nace en 2025, sino que ya el año pasado la ANPB y la ACPI formularon una queja formal, pero no recibieron respuesta.
Los representantes nacionales advirtieron que registrarán cualquier provocación u obstrucción durante el evento, para después denunciarlas. También pidieron que el Gobierno tome medidas para proteger a los periodistas durante la cobertura y que la Defensoría del Pueblo realice acciones para garantizar la libertad de expresión y de prensa.