Con la gradual, como sistemática desaparición de la mal llamada Renta Dignidad, un beneficio plagiado por el gobierno del socialismo, del original creado el año 1997, en el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, con el nombre de Bono Solidario (Bono Sol), destinado a brindar un apoyo económico a las personas de la tercera edad, que no tenían acceso a una jubilación o pensión y que además, les elevó la autoestima, permitiéndoles contribuir económicamente a sus familias y, en muchos caos, convertirse en el sostén principal de estas.
Para la efectivización de este beneficio, se echó mano a los recursos provenientes de la capitalización de empresas estatales como: Entel, Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, Transredes, Petrolera Andina y Chaco, Ferroviarias: Oriental y Andina y otras, cuyo pago estaba a cargo de las AFP,s. entidades financieras debidamente supervisadas en ese entonces, por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, hoy ASFI, ente creado para ese efecto, un año después de la creación del Bono Sol.
Es bueno remarcar que, de las empresas citadas, más del 70% desaparecieron o simplemente se declararon en quiebra. Considerando además, que en ese 2006, año de bonanza capitalista heredada, no sólo le cambiaron el nombre al beneficio por el de “Renta Dignidad”, sino que se dieron el lujo de ampliar su cobertura y el monto otorgado a los beneficiarios. Entonces, nos preguntamos, ¿De dónde, hoy en día, el régimen socialista que nos gobierna desde hace 19 años podría subvenir dichas prestaciones?
Hoy para los bolivianos, sin las reservas monetarias que para los años del capitalismo fluctuaban en 15.000 millones de dólares; sin las reservas de oro, pignoradas y vendidas vilmente, casi en su totalidad; con empresas estatales fantasmas, que piden más de lo que dan y con un ejército de empleados públicos, cuyo número ronda el medio millón, el futuro se torna sombrío y mucho más, para ese millar de jubilados y compatriotas de la tercera edad, cuyo futuro no está ni en un asilo.
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A la luz de lo expuesto, no debemos olvidar que la Renta Dignidad, más que una simple transferencia de dinero, se constituye en un pilar fundamental para los ciudadanos de la tercera edad. Su modificación, como el gobierno propone en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para esta gestión 2025, se constituiría en el acabose definitivo de ese beneficio, a no ser que se esté pensando en una medida aún más criminal, como la de saquear la caja de jubilaciones, un ahorro que cuenta todavía con algún respaldo, pero su despojo anularía el pago a muchos pensionistas y lo peor, su reposición ameritaría modificar la edad de jubilación hasta los 75 años.
Finalmente, el recorte de la Renta Dignidad por parte del gobierno, observando únicamente su precaria estabilidad económica, sin explorar otras alternativas que garanticen su sostenibilidad política: como una reforma administrativa que racionalice los enormes y superfluos gastos del Estado, fortaleciendo la inversión en hidrocarburos para aumentar los ingresos del IDH y la creación de un fondo complementario con aportes privados e internacionales. Simples y rápidas medidas que permitan volver al sistema que dio paso a la creación de las rentas que tanto favorecieron a los ancianos, sin la necesidad de llegar a una Renta Indigna.