Bernardo Montenegro afirmó que el decreto edil cumple con la ley y que los concejales no resolvieron el conflicto del transporte cuando debían hacerlo.
Fuente: eldeber.com.bo
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El vocero del Gobierno Municipal, Bernardo Montenegro, respondió a las críticas del Concejo Municipal sobre el decreto que fija la tarifa del pasaje en Bs 2,30. Aseguró que el alcalde Jhonny Fernández actuó dentro del marco legal y que la verdadera responsabilidad por los conflictos en el transporte recae en los concejales.
«Es el colmo de la incapacidad de estos concejales, que ahora buscan excusas para ocultar su despilfarro y su falta de trabajo. Pasan más de un mes de vacaciones, viajan, gastan millones y ahora intentan distraer a la población con falsas acusaciones», afirmó Montenegro.
El vocero municipal insistió en que el decreto edil cumple con la Ley 1216 de Movilidad Urbana y con un fallo judicial de una sala constitucional que instruyó al alcalde a fijar la tarifa. «Todo lo demás son shows políticos de un Concejo que no hizo su trabajo. No tuvieron la capacidad de solucionar el problema del transporte y ahora intentan desviar la atención», agregó.
Montenegro también cuestionó la rendición de cuentas del Concejo, calificándola de ilegal. «Hicieron una sesión encerrados, con gente sin legitimidad, sin controles sociales reconocidos. No quieren que se sepa cuánto han gastado en viajes y asesores que no asesoran nada», dijo.
Nueva tarifa
La Alcaldía ratificó que la tarifa es de Bs 2,30 y que los transportistas no pueden cobrar más. Pidió a la población denunciar cualquier irregularidad y aseguró que la Secretaría de Tránsito y Transporte, junto con la Guardia Municipal, mantiene controles en las calles.
Además, recordó que el decreto establece la implementación del cobro digital y magnético en el corto plazo para evitar problemas con el cambio. «Así funciona en cualquier ciudad moderna. Con una tarjeta, la gente podrá pagar de manera exacta y sin complicaciones», explicó Montenegro.
El Concejo Municipal, por su parte, analiza acciones legales contra Fernández por presunta usurpación de funciones, alegando que el decreto edil no tiene validez sobre la ordenanza municipal vigente que establece la tarifa en Bs 2,00.
“El señor (Jhonny) Fernández incurre en usurpación de funciones, porque se tomó atribuciones que no le corresponden. Finalmente, el alcalde ha incurrido en resoluciones contrarias a la Ley”, afirmó la concejala presidenta, Silvana Mucarzel, en contacto con el diario EL DEBER.